Castilla y León recibirá 37,1 millones de los 687,75 de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que hoy se repartieron durante la celebración de la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que presidió la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La consejera de Empleo e Industria de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, junto a sus homólogos en Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia, expresó su rechazó al diseño “impuesto” por el Gobierno de España para que estos sean destinados a una relación de destinos funcionales concretos. Los consejeros de estas cinco comunidades autónomas mostraron su rechazo a esta "invasión de competencias", puesto que su participación en la propuesta fue "puramente testimonial".
Carlota Amigo insistió especialmente en “la rigidez de la propuesta que no permite adaptar los programas y los fondos a las necesidades y potencialidades reales de cada territorio". Así mismo, lamentó que supone "un incremento de la carga administrativa que dificulta la tramitación y encarece la gestión". En resumen, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia defendieron la necesidad de “respetar las competencias autonómicas en el diseño de las políticas activas de empleo”.
Los representantes de estos gobiernos autonómicos remarcaron, según informaron fuentes de la Junta, que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, trasladaron que "son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo".
Los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid mostraron su desacuerdo al comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como "meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión".
Denunciaron, por tanto, que se "impongan" los destinos funcionales de los fondos, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes en nuestro ámbito y en su mayoría siendo imposibles de automatizar los procesos de aplicación sin, además, incorporar recursos suficientes para hacerlo en tiempo y forma.
Asimismo, denunciaron la "opacidad" en el reparto de los fondos, ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades autónomas, sin que se haya dado a conocer "los criterios con los se van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi tres de cada cuatro euros de la totalidad".
Los representantes de los gobiernos autónomos lamentaron, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas "toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que hayan podido participar en su diseño, ya que simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas".
Del mismo modo, advirtieron de que la fórmula utilizada incorpora "un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y mejora de la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea".
"El comportamiento de ambos ministerios en la correspondientes conferencias sectoriales de Empleo y Formación Profesional para el Empleo son una muestra más del desplegado habitualmente por un Gobierno de España que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las comunidades sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos", denunciaron desde el Gobierno regional.
Fondos supeditados
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, presidió hoy la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, donde se acordaron los criterios de reparto de 687,75 millones de euros que el Ejecutivo central destinará al desarrollo de políticas activas de empleo.
Ese importe global se suma a los 2.110,8 millones de euros euros ya distribuidos en el conjunto del Estado en base a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021. La vicepresidenta segunda del Gobierno subrayó la importancia de la Conferencia Sectorial y de la colaboración con las comunidades autónomas ya que han logrado “llegar a acuerdos para acordar los grandes cambios en materia de políticas activas”. “Ahora estamos dando otro paso, el paso de la materialización, estamos pasando de la programación a la ejecución. Convirtiendo en hechos las palabras. Convirtiendo los importantes recursos en acciones públicas eficaces", recalcó Díaz en un comunicado recogido por Ical.
Según explica, la distribución de fondos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que se realice en 2022 y 2023, quedará supeditada al cumplimiento por las comunidades autónomas de los hitos y objetivos que previstos para todo el Estado.
El reparto
El reparto de los fondos cumple el principio de que "el empleo de calidad sea un objetivo central de los fondos europeos”. “Necesitamos aprovechar este esfuerzo para acabar con el principal problema de nuestro país. Y donde el empleo sea, al mismo tiempo, motor de la transformación productiva, afrontando las transiciones ecológica y digital con las garantías que aseguren su interés general y un impacto social positivo", subraya Díaz.
Cada autonomía recibirá 10,2 millones de euros para financiar la creación y la actividad de los nuevos Centros de Orientación y Emprendimiento. En todas las comunidades deberá existir, al menos, uno de estos centros para constituirse como referencia para el Sistema Nacional de Empleo (SNE). También se distribuirá de manera lineal el importe destinado a financiar un Plan Transversal de Igualdad de Género.
Los importes destinados a la formación permanente del personal del Sistema Nacional de Empleo se distribuyen de manera proporcional al tamaño de las plantillas de los Servicios Públicos de empleo Autonómicos, otorgando un peso ponderado a las plantillas estables.
El importe destinado a financiar programas de formación con compromiso de contratación para las mujeres víctimas de violencia de género u otros colectivos especialmente vulnerables se distribuirá en base al porcentaje de mujeres de este colectivo que hayan participado en algún itinerario formativos o de fomento del empleo en 2019 y 2020.
En el caso de los fondos destinados a financiar programas para formación o fomento de la contratación de personas jóvenes se harán en base al número de potenciales beneficiarios o beneficiarias que consten a 31 de diciembre de 2020. En este sentido, Díaz defiende que los jóvenes son la “mayor prioridad” del Ejecutivo. “Estamos abordando de frente la lacra del paro y la precariedad juvenil, debemos erradicar la cicatriz que está marcando el futuro de una generación”, expuso.
La asignación de financiación para proyectos que favorezcan la transformación productiva en materia de digitalización y de economía verde y también los destinados a colectivos especialmente vulnerables tendrán en cuenta, además del número de demandantes, la dispersión territorial.
