Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con más delito de odio, solo por detrás de Cataluña y Madrid, según se desprende del ‘Análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia 2018-2022’, presentado este miércoles por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte.
Tras Cataluña, donde se registran el 42 por ciento de los casos analizados, se sitúa Madrid (12,8 por ciento), Castilla y León y Canarias (7 por ciento), Comunidad Valenciana (6,4 por ciento) y Andalucía (5,25 por ciento). Por provincias, el mayor número de casos analizados se produjeron en Barcelona (38 por ciento), Madrid (12,8 por ciento), Santa Cruz de Tenerife (6,4 por ciento), Valladolid (5,2 por ciento), Tarragona y Valencia (4,1 por ciento) y Navarra (2,9 por ciento).
En el caso de Castilla y León, la identidad sexual se sitúa en cabeza de los, con el 13 por ciento de los casos, por delante de la discapacidad (10 por ciento). Después se encuentran los delitos por racismo (9 por ciento) y por ideología (8 por ciento). A nivel nacional, uno de cada cinco delitos de odio cometidos tuvo como objetivo la orientación y la identidad sexual de las víctimas; los cometidos por su origen racial o étnico representaron el 18,8 por ciento; la ideología, el 15,3 por ciento y la nacionalidad, el 10,2 por ciento.
El estudio, elaborado por los profesores Andrea Giménez-Salinas Framis, de la Universidad Pontificia de Comillas, y Jon-Mirena Landa Gorostiza, de la Universidad del País Vasco, se ha realizado en el marco del acuerdo de cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia suscrito por el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Estudios Jurídicos y los ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior, Trabajo y Economía Social y Cultura y Deporte.
Los autores señalan la importancia de conocer de forma precisa la realidad de estos comportamientos delictivos con el fin de prevenirlos, pues causan un “fuerte impacto divisivo de la convivencia por su enorme potencial de envenenamiento de la coexistencia pacífica entre grupos diferentes”.
La causa de discriminación más frecuente es la orientación e identidad sexual de la víctima, que aparece en un 22,7 por ciento de los hechos analizados. Muy comunes también, aunque con menor incidencia, el origen racial o étnico (18,8 por ciento), la ideología (15,3 por ciento) y la nacionalidad (10,2 por ciento). Menos frecuentes son los actos discriminatorios motivados por la discapacidad de la víctima (6,3 por ciento), su religión o creencias (2,8 por ciento), el antisemitismo (2,3 por ciento), el antigitanismo (1,7 por ciento) y la aporofobia (0,6 por ciento).
La vía pública urbana es el escenario más habitual de los delitos de odio (31,4 por ciento), sobre todo los motivados por antigitanismo, religión, orientación sexual y nacionalidad. En segundo lugar, figuran el espacio virtual o las telecomunicaciones (teléfono, mensajes y redes sociales), con el 18,9 por ciento de los casos, relacionados en mayor medida con el antisemitismo y con la ideología, nacionalidad y orientación sexual de la víctima.
Ocho de cada diez delitos de odio (79 por ciento de los casos) se cometieron de forma presencial, mientras que el acometimiento virtual se sitúa en el 18 por ciento de los casos sometidos a estudio. Cuando el hecho se produce de forma presencial, la violencia psicológica es la más prevalente (70 por cineto) a través de intimidaciones o amenazas. En el entorno virtual, el medio utilizado con más frecuencia son las redes sociales (16,4 por ciento).
Perfil
La información sobre los acusados se ha obtenido a partir del análisis de 296 individuos que, en el 70 por ciento de los casos, actúan de forma individual. El 86 por ciento son hombres, frente a un 14 por ciento de mujeres, y, casi la misma proporción, el 88 por ciento son mayores de edad y el 12 por ciento, menores. Pese a que la edad exacta de los acusados no figura en la mayoría de las resoluciones analizadas (sí aparece el dato relativo a la mayoría o minoría de edad), el estudio puede concluir que oscila entre los 13 y los 77 años, siendo la media de 32,3 años y la edad más común, los 21 años.
El dato sobre la nacionalidad de los acusados figura sólo en la mitad de los hechos sometidos a estudio (48 por ciento). Dentro de ese número, el 79,7 por ciento tienen nacionalidad española.
En relación con aquellos casos recogidos en las sentencias de los que se han podido extraer datos sobre la pertenencia de los acusados a algún grupo o colectivo, el estudio señala que la mayoría se identifica con una ideología de extrema derecha (54,3 por ciento). Le siguen los grupos extremistas religiosos (15,2 por ciento), los grupos de extrema izquierda (13 por ciento), los grupos proetarras (6,5 por ciento) y los independentistas catalanes ultras (4,3 por ciento).
Víctimas
El 67,4 por ciento de los casos estudiados afectan a una única víctima, mientras que en el 23,6 por ciento existen dos. Seis de cada diez víctimas (64 por ciento) son hombres y nueve de cada diez (89 por ciento), mayores de edad, con una media de 30,7 años.
Al contrario de lo que sucede con los acusados, la mayor parte de las víctimas (83,3 por ciento) son extranjeras y proceden principalmente de países de Latinoamérica (Ecuador, Venezuela y Colombia) y de países africanos (Marruecos y Senegal). El 16,7 por ciento restante, son españolas.
El 68,7 por ciento de las víctimas pertenece a un grupo específico. La categoría más representativa es la de las minorías étnicas, religiosas o los colectivos vulnerables, a la que pertenecen el 56,1 por ciento de las víctimas; por detrás, el colectivo de extranjeros (33,8 por ciento) y los grupos políticos (5 por ciento).
Dentro de la primera categoría, el 64,1 por ciento de las víctimas pertenecen al colectivo LGTBIQ; la causa de la discriminación es el origen racial para el 16,7 por ciento; para un 12,8 por ciento es la pertenencia a una etnia minoritaria (sobre todo la gitana) y para el 6,4 por ciento, la discapacidad.
