El área pública de Comisiones Obreras en la Junta de Castilla y León ha convocado movilizaciones este miércoles ante la Consejería para volver a pedir la reversión de las condiciones tanto laborales como de atención a la ciudadanía que se disponía antes de la crisis.
Según comentan, la falta de medidas afectan en primer lugar al servicio que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León dan a la ciudadanía. "Una parte fundamental del deterioro de estos servicios viene de la mano de la pérdida importante del número de empleados públicos y de sus condiciones a la hora de realizar su trabajo".
Los datos del sindicato dicen que en la provincia de Salamanca se han perdido dentro de la Junta en los últimos diez años hasta un total de 873 empleados públicos menos. Así, indican que se corre el riesgo del cierre de muchos centros de trabajo por falta de personal en el caso de que no haya una convocatoria extraordinaria.
Además, las condiciones se encuentran "lejos" de los que cuentan en otras regiones y vuelven a solicitar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la negociación de un sistema de carrera profesional para los trabajadores que no lo tienen, realizar ya las convocatorias de los procesos de oposiciones pendientes, restablecer las condiciones para la jubilación parcial, restituir las ayudas para los trabajadores, abonar la parte pendiente de las pagas extras suprimidas y negociar el destino del 0,2% de la subida de la masa salarial, así como cerrar todas las negociaciones que desemboquen en el acuerdo del Plan de Igualdad de la Junta.
“Si el gobierno nacional del presidente Sánchez puede asegurar una subida, que fue pactada con el PP, para los empleados públicos del 2,25% para 2019, aún sin Presupuestos Generales, el Gobierno del PP en Castilla y León puede llevar adelante los anteriores compromisos (recogidos casi en su totalidad en el acuerdo firmado en octubre de 2015) durante el año 2019, aunque tampoco haya nuevos presupuestos en la Comunidad", insisten.
