El pasado 9 de julio, tras dos años de investigación después de las denuncias realizadas por ASEMPRE, la Asociación de Empresas de Reparto -y Manipulación de Correspondencia-), y UNO, lobby de la patronal de paquetería, se conocía la resolución de Bruselas que obliga a Correos a devolver 167 millones de euros al Estado por una compensación excesiva por la prestación del Servicio Postal Universal en el período 2004-2010.
Las denuncias de los lobbies se centraron en la compensación por prestación del Servicio Postal Universal (SPU) en el período arriba indicado, ampliaciones de capital, compensación por procesos electorales, regímenes de la seguridad social y pensiones de funcionarios, entre otros, para lo que exigían una penalización de 8.000 millones de euros. La Comisión Europea ha rechazado la mayoría de las pretensiones de UNO por entender que Correos actúa acorde a la legalidad en todas ellas dejando reducida la demanda a la devolución de sólo 167 millones de euros de los 8.000 exigidos.
A la vista de los hechos, CCOO denuncia “el interés cicatero y deplorable de la patronal de logística UNO por intentar liquidar un Servicio Postal Público accesible, asequible y en igualdad de condiciones para todos la ciudadanía, sustituyéndolo por el beneficio y el negocio, por un modelo de distribución con empleo desregulado, devaluado, precario para los trabajadores y trabajadoras y discriminatorio para los ciudadanos y ciudadanas, con una clara concepción en la que prima la rentabilidad y se anula el servicio público”.
CCOO ha instado al Gobierno a que tome medidas para neutralizar esta actitud mercenaria de quien quiere construir país a costa de recorte de derechos y de empleo precario, y a que, sin demoras, apruebe el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal -los sindicatos estiman en 230 millones de euros- pendiente desde hace 20 años con el que se fijen las cuantías justas del coste del Servicio Postal Público al objeto de que se sitúen en la centralidad, los derechos de la ciudadanía y evitar que la indefinición de este Plan pueda ser utilizado por los lobbies privados logísticos para atacar y tumbar la empresa pública Correos, su viabilidad y poner en riesgo el empleo de casi 60.000 trabajadores/as.
En un momento en el que el nuevo Gobierno se está replanteando la reforma de los organismos reguladores, CCOO exige que con esa medida se minimice el margen de actuación de los lobbies privados que buscan la rentabilidad del negocio debilitando el Servicio Postal Público prestado a la ciudadanía. Y ha vuelto a recordar que el Ejecutivo tiene en su mano desactivar el proceso de movilización abierto si convierte en acción de Gobierno las demandas de las organizaciones sindicales, entre las que se sitúa, la entrada en vigor del Plan de Prestación del SPU.
