El pasado martes tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el debate y votación para la toma en consideración de la proposición de ley del grupo Popular para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil.
Para el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO, el debate ha servido “para desenmascarar las posiciones de los principales partidos políticos y para comprobar que este Ministerio de Justicia es incapaz de conseguir consensos para solucionar la más que preocupante situación de nuestra Administración de Justicia”.
El Partido Popular ha presentado esta proposición de ley al dictado del Ministerio de Justicia que había aceptado dos de las principales reivindicaciones sindicales: el mantenimiento del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia y el mantenimiento también de todas las oficinas actuales de los partidos judiciales y Juzgados de Paz.
El PSOE votó en contra manifestando abiertamente que no está de acuerdo en que se mantengan abiertas las oficinas de los partidos judiciales y Juzgados de Paz, tal y como contempla el texto original de la Ley 20/2011. Esta misma posición ha servido a Ciudadanos para argumentar su abstención.
Para CCOO, ni al PSOE ni a Ciudadanos “les ha parecido preocupante la necesidad de prestar un servicio público cercano y accesible a toda la ciudadanía, ni el futuro de los más de 4.500 puestos de trabajo que actualmente hay en los registros civiles”.
Unidos Podemos, que también ha votado en contra, ha trasladado al Pleno del Congreso la falta de credibilidad del Partido Popular y del Gobierno, que se niegan a concretar las competencias de los Juzgados de Paz y del resto de oficinas, lo que podría abocar de hecho a su cierre. Ha defendido el mantenimiento de todas las sedes actuales, incluidos los Juzgados de Paz y también han reclamado que deben recuperarse para el Registro Civil todas las competencias privatizadas, como la solicitud de nacionalidad por residencia y la tramitación en exclusiva de los expedientes previos al matrimonio civil, lo que permitiría asegurar el futuro de todas las sedes actuales del Registro Civil.
La propuesta de Ley del PP no va a ser tramitada, por tanto, en el Congreso, por eso, desde CCOO dudan que “la propuesta de Unidos Podemos fuese apoyada por ningún grupo, o al menos por la mayoría suficiente para ser aprobada”, ya que contiene, por un lado, la recuperación de lo privatizado que rechazan el PP y Ciudadanos, y, por otra parte, el mantenimiento de las actuales oficinas en todos los partidos judiciales y en los Juzgados de Paz, que nunca van a apoyar PSOE y Ciudadanos según han manifestado.
Si no se aprueba ninguna modificación de la Ley 20/2011, ésta debería entrar en vigor con su articulado original el 1 de julio de este mismo año y CCOO advierte que esta ley contiene aspectos altamente perniciosos para el personal de la Administración de Justicia y la ciudadanía:
Los Registros Civiles salen de la Administración de Justicia y el personal funcionario que los ocuparía sería también de otras administraciones.
Solo quedaría una oficina del Registro Civil en cada comunidad autónoma y, en el mejor de los casos, una más como máximo por cada 500.000 habitantes, y los Juzgados de Paz perderían las competencias delegadas en materia de Registro Civil, con las gravísimas consecuencias que tendría para la ciudadanía y para el empleo.
Entraría también en vigor la modificación operada en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por la que los expedientes previos al matrimonio civil se harían ante notario, previo pago de aranceles.
Estas transformaciones necesitarían una serie de medidas (nuevas instalaciones y edificios, personal con la necesaria formación, desarrollos informáticos aún en fase de adjudicación…) que, en opinión de CCOO, harían imposible desde todo punto de vista su puesta en marcha.
Todas estas circunstancias hacen a CCOO exigir con toda contundencia al Congreso de los Diputados un ejercicio de máxima responsabilidad, dando trámite inmediato a la proposición de ley presentada por Unidos Podemos para su aprobación tras el debate de las enmiendas que puedan presentarse.
