La estación ITV del grupo Itevelesa, situada en el Polígono industrial de Castellanos de Moriscos, Salamanca, tiene una plantillada aproximada de 27 trabajadores y trabajadoras, que prestan el servicio de Inspección de vehículos a más de 300 usuarios y usuarias, que diariamente pasan por estas instalaciones a revisar sus vehículos.
Según CCOO, la semana pasada desde la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras (RLT), ante el inicio de positivos (3) entre los trabajadores de este centro, se contactó con la empresa para que tomara las medidas de seguridad y salud oportunas, acordes a un brote de COVID-19 en la plantilla de este centro de trabajo, (cribado masivo de la plantilla, desinfección de las instalaciones en profundidad, etc.) intentando paralizar el brote entre la plantilla y el posible contagio a familiares y usuarios y usarías del servicio.
La empresa contestó, según el sindicato, “lavándose las manos” y remitiéndose a lo que las autoridades sanitarias establezcan.
De esta situación se dio traslado a la Inspección de Trabajo, sin que se tenga respuesta alguna hasta el momento.
La RLT entiende que la empresa podía haber accedido a su petición evitando con ello llegar a la situación actual: a día de hoy se contabilizan 10 positivos y aproximadamente 5 compañeros en aislamiento. Un 50% de bajas vinculadas al COVID, sin que la empresa establezca ninguna medida preventiva.
Lejos de ello, aumenta el riesgo de contagio entre las diferentes plantillas de otros centros en el ámbito regional, solicitando personal voluntario para cubrir las bajas en esta estación con personal de otros centros de trabajo (como es el caso de la ITV de Cembranos y Onzonilla, en León) de las diferentes provincias de la Comunidad. Pudiendo extender el brote a estos centros de trabajo.
La RLT al conocer esta medida organizativa, ha mostrado su oposición a la dirección de la empresa por el riesgo que implica para la seguridad y salud de los y las trabajadoras de toda la plantilla, considerándolo una medida de total irresponsabilidad que más bien obedece a fines económicos, olvidando una vez más la seguridad y la salud de la plantilla, familias y usuarios y usuarias del servicio.
