El CERMI ha celebrado esta mañana el Comité Ejecutivo en la capilla del Edificio Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca, donde se han abordado las principales reivindicaciones de los cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias que representa la entidad estatal.
En el acto de presentación han participado el presidente de CERMI España, Paco el presidente del CERMI CyL, Francisco Sardón; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García; y el vicerrector de Política Académica y Participación Social de la USAL, Enrique Cabero.
Para Francisco Sardón, la presencia del CERMI Estatal en Castilla y León “es un día especial e histórico” porque es la primera vez que el Comité Ejecutivo se organiza en la Comunidad, en este caso con motivo del VIII Centenario, y además en un espacio “histórico y singular”.
Así, Francisco Sardón detalló que en el Comité se desarrolló “la actualidad de las necesidades de las personas con discapacidad”, especialmente “el cambio conceptual de que las personas con discapacidad tienen que tener una mayor participación social” y un mayor acceso al trabajo como forma de inclusión, y se puso en valor en Castilla y León “toda la política de diálogo que estamos desarrollando desde CERMI Castilla y León con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades”, que ha logrado varios avances legislativos.
Y es que la Comunidad es líder en “el desarrollo de la asistencia personal”, algo que se debe poner en valor, y desde CERMI CyL agradecen el “respaldo” que ofrece la celebración de este Comité a las políticas que se están desarrollando en Castilla y León.
Con la celebración de este Comité Ejecutivo en la Universidad de Salamanca, el CERMI se suma a las numerosas acciones y actividades desarrolladas en el marco del VIII Centenario de la institución académica, declarado acontecimiento de Estado.
Por su parte, el presidente de CERMI España, Luis Cayo, reconoció que “es un hecho objetivo” que Castilla y León “está muy por encima de la media” en la inclusión de personas con discapacidad, una de las razones que les han hecho venir a Salamanca.
Igualmente, recordó que en España hay cuatro millones de personas con discapacidad (12 millones contando a sus familiares, que son parte fundamental de la vida de estas personas), aunque sólo dos millones tengan el certificado administrativo que les reconoce esa discapacidad, puesto que hay muchas que no lo solicitan por haberla adquirido tarde. Pero todos ellos, las personas con discapacidad, son “un sector de población excluido y con graves riesgo para el ejercicio de nuestros derechos humanos”.
Esa discapacidad influye más en colectivos desfavorecidos, como pueden ser las mujeres. Y es que precisamente las mujeres con discapacidad “están más expuestas a la violencia de género o a tener una mayor situación de exclusión que los varones con discapacidad”.
La universidad, “necesaria para el empoderamiento de las personas con discapacidad”
Asimismo, el presidente de CERMI España destacó que, si bien el porcentaje de población con discapacidad que trabaja es del 33% (40 puntos menos que las personas sin discapacidad, reseñó), ese porcentaje aumenta hasta el 56% una vez que se cuenta con título universitario, por lo que “es un reflejo de que la universidad es absolutamente necesaria para el empoderamiento de las personas con discapacidad”.
También reconoció que siempre "hay tensiones" entre los Gobiernos y las asociaciones ya que "están dispuestos a dar" menos de lo que se requiere, aunque en Castilla y León "se están produciendo buenas políticas", siendo un ejemplo la asistencia personal.
En la misma línea se expresó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que subrayó la alianza esencial que existe en Castilla y León entre la Junta y las entidades del Tercer Sector en beneficio de las personas con discapacidad, y reseñó también que la celebración del Comité Ejecutivo Estatal del CERMI en Salamanca “para nosotros es un espaldarazo”.
Alicia García ha destacado que este compromiso compartido de la Junta de Castilla y León con el CERMI y con las personas con discapacidad se traduce en innumerables acuerdos y estrategias que pasan por tres consideraciones fundamentales, como son “más recursos, más apoyos y una decidida apuesta por el impulso al empleo”.
En este sentido, y respecto a los recursos y financiación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está incrementando año tras año el presupuesto, con 10 millones más de euros en esta legislatura, destinando 140 millones de euros al año; también en más actuaciones y mayores apoyos, al haberse aprobado, con el apoyo de CERMI, la Estrategia para Personas con Discapacidad, “que pone por delante el proyecto de vida de las personas y su empoderamiento”
Y, en tercer lugar, el empleo, destacando que en 2017 Castilla y León ha batido “su record histórico en contratos firmados por discapacidad, con 18.000 contratos, un 13% más que en 2016. Y es que el empleo es fundamental puesto que “es lo que normaliza a las personas con discapacidad”.
Por ello, a través de los itinerarios de inserción socio-laboral, en los que participaron en 2017 más de 4.000 personas y que permitieron la celebración de más de 2.000 contratos, un incremento del 26 % con respecto al año anterior, se trabaja en ofrecer empleos a las personas con discapacidad.
También a través de la inclusión de cláusulas que promueven la contratación pública que desarrolla la Junta, gracias a la cual en 2017 ya se incorporaron cláusulas sociales; de igual manera, en la reserva de contratos que se efectúan en favor de los 209 centros especiales de empleo que hay en Castilla y León y que dan empleo a 5.462 personas con discapacidad, un 11,8 % más de trabajadores que el año anterior y un incremento del 41 % sobre los que había en 2012, año en el que comenzó esta iniciativa.
Alicia García ha subrayado que toda esta apuesta por el empleo ha permitido que Castilla y León registrara en 2017 una cifra record de firma de contratos de personas con discapacidad ya que se llegó a superar los 18.000 contratos, amplificando un 13 % los correspondientes a 2016.
Por eso, la consejera ha querido resaltar el compromiso de la Junta para impulsar y acelerar en lo que queda de legislatura la agenda política referente a la discapacidad en ámbitos como el empleo, "que es fundamental para las personas con discapacidad" incluyendo las una cláusulas sociales en las subvenciones, ampliando los porcentajes de reserva de contratos; y que se traslade la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable en los contratos también al ámbito de las subvenciones públicas, además de extender esta contratación a las corporaciones locales.
