El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) instó este miércoles al Gobierno central y a las comunidades autónomas a adecuar la normativa del copago en dependencia a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal, en una sentencia dictada el 23 de junio, determinó que esta aportación debe considerarse una “tasa fiscal” y no un precio público, lo que obliga a replantear su marco regulador.
Según el Cermi, esta calificación implica que el copago solo puede establecerse mediante una norma con rango legal, en línea con la Ley de Tasas y Precios Públicos de 1989. Sin embargo, actualmente ni el Estado ni las comunidades han definido con claridad su naturaleza jurídica, lo que genera una situación de “ambigüedad y confusión”.
La organización advirtió de que, de mantenerse esta indefinición, las administraciones podrían enfrentarse a reclamaciones de devolución de cantidades cobradas de forma indebida. Además, recordó que la sentencia llega en pleno debate parlamentario de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, por lo que reclamó a los grupos políticos que incorporen esta interpretación al nuevo texto para evitar un copago “confiscatorio” y garantizar seguridad jurídica a las personas en situación de dependencia.
