El sindicato CGT ha vuelto a reiterar su oposición al “modelo antipedagógico” que suponen las pruebas evaluativas externas impuestas por la LOMCE desde las diferentes Administraciones Educativas del Estado.
Así lo han asegurado en un comunicado en el que explican que, tras la experiencia de cursos anteriores, tienen el convencimiento de que dichas evaluaciones “atacan la esencia misma del concepto de Escuela Pública” puesto que no respetan el principio de inclusión “y no atienden a la diversidad del alumnado, sino todo lo contrario”.
De hecho, reflejan que unas pruebas de evaluación, aunque sólo son censales, “quitan importancia a la evaluación continua y al esfuerzo diario que hacen los niños y niñas por aprender” y, por tanto, “solo consiguen someter al alumnado a una situación de estrés, innecesariamente, a la vez de poner en entredicho la labor diaria de los docentes, que son quienes realmente conocen las características individuales de aprendizaje de su alumnado”.
En Castilla y León este año se realizarán en 4º de ESO, el 9 y 10 de mayo; en 6º de primaria, el 16 y 17 de mayo; y en 3º de primaria, el 5 y 6 de junio. Se harán en áreas “totalmente descontextualizadas y sesgadas”, ya que sólo se evalúan las Matemáticas, la Lengua y las Ciencias, “dando un mensaje contundente a toda la Comunidad Educativa y a la Sociedad en general de la importancia de unos contenidos curriculares sobre otros, cosa que distorsiona la verdadera finalidad de la Educación que es el desarrollo integral del alumnado”.
Además, afirman que el profesorado admite que, de los resultados obtenidos en dichas pruebas externas, “no se desprende la dotación de recursos a los centros (ni económicos, ni humanos) para atender las necesidades detectadas, en el caso de resultados desfavorables”.
Todo ello hace que, desde CGT, valoren que estas pruebas externas “están basadas únicamente en la más pura competitividad”, siendo una especie de carrera desigual entre alumnado y entre centros escolares que solo busca la creación de unos rankings con los que, más pronto que tarde y en línea con el modelo educativo anglosajón, poder certificar la rentabilidad” de cada colegio e instituto, por lo que la objetividad que se le presupone “podría llegar a ser falseada”.
Esto es así porque no contemplan “ni sus contextos sociales, ni culturales, ni económicos, ya que como todos sabemos, ni todos los centros tienen las mismas características, ni todo el alumnado es igual”. Por último, recuerdan que aunque, explícitamente, la Administración no dice que estos resultados serán publicados, la propia normativa reconoce que podrían llegarse a difundir.
