El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba el Estatuto del Becario, una nueva norma que prometía lucha contra la precariedad laboral de los jóvenes y que ha conseguido ver la luz dos años después de su propuesta. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha indicado que “es una norma muy controvertida porque lucha contra la precariedad y, cuando se lucha contra la precariedad, hay fuelles que se resisten en muchos lugares”.
Para hacernos una idea de la magnitud de esta medida, únicamente en Castilla y León afectaría a 68.600 personas en datos arrojados por UGT, mientras que en España esta cifra ascendería hasta los dos millones de personas que están trabajando gratis y “sin derechos”.
De este modo, esta ley hará que “a partir de ahora las prácticas no laborales de las empresas tengan que constar por escrito con un acuerdo específico, en el que quede claro cuando es la formación que cada persona tiene que recibir y, además, teniendo una doble tutorización”.
En el caso de no cumplir con lo estipulado en la propia ley, las empresas podrán ser multadas con cuantías que superan los 250.000 euros. Cabe recordar que esta iniciativa ha generado discrepancias en el Gobierno de España, además de no haberse hablado con las universidades, lo que ha causado gran revuelo y malestar entre los rectorados de España, según avanzaba Europapress.
Entre las medidas que se han contemplado están cubrir los gastos que tengan los estudiantes limitando las prácticas extracurriculares a las 480 horas. En el caso de que esto se cometa una infracción se sancionará entre 120.006 y 225.018 euros las que sean muy graves en su grado máximo; muy graves pero en grado mínimo entre 7.501 y 30.000 euros; y en su grado mínimo de 30.001 a los 120.005 euros.
Infracciones muy graves serán aquellas que sean discriminatorias por razón de edad o discapacidad, además de las que se produzcan en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y toda condición de trabajo.
La cuantía tendrá que ser “mínima para compensar aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.
Asimismo, las prácticas extracurriculares desarrolladas durante los estudios no podrán superar el 15 por ciento de los créditos ECTS, además de no superar las 480 horas.
En los estudios vinculados a títulos propios de las Universidades, la suma de prácticas curriculares y extracurriculares no podrán superar el 25 por ciento de los créditos ECTS. Para los títulos propios que tengan una duración de 60 créditos ECTS podrán establecer prácticas por un periodo de tres meses.
Eso sí, los propios estudiantes también tendrán sus obligaciones como: conocer y cumplir el proyecto formativo de prácticas, mantener contacto con los tutores, hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento, cumplir el horario previsto, respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención, desarrollar proyectos formativos y cumplir con las diligencias acordadas. Por otro lado, la persona en prácticas también tendrá que guardar confidencialidad en relación a la información interna de la empresa.
Cabe destacar que los rectores de las universidades: “Los rectores han hecho hincapié en que el objetivo común debe ser reforzar derechos y calidad, no restringir el acceso a una experiencia clave para la transición al mercado laboral".
