Comisiones Obreras ha mandado un comunicado en el que urge al nuevo Gobierno que “desarrolle los compromisos ya adquiridos en materia de prácticas no laborales para combatir el fraude y la precariedad que afecta a miles de personas jóvenes”.
Tal y como recuerda el sindicato, las prácticas no laborales constituyen hoy en día “una fuente de precariedad sin control para miles de personas jóvenes en España” ya que, en un gran número de casos, este tipo de prácticas “esconden relaciones laborales fraudulentas al encubrir puestos de trabajo asalariado que deberían estar bajo la cobertura del Estatuto de Trabajadores”.
Para Comisiones Obreras es “imprescindible” que el Gobierno, de manera inmediata, cierre la puerta al fraude en este tipo de prácticas y empiece por desarrollar -en el marco del diálogo social- las medidas ya comprometidas en materia de prácticas no laborales: “aquellas incluidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven y las que puedan derivarse mediante el correspondiente reglamento del Decreto ley 28/2018, así como las anunciadas en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos”.
A juicio de Jóvenes CCOO, es “urgente” ejecutar las medidas recogidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven, consensuado con los agentes sociales y aprobado en diciembre de 2018, en el que se adelanta la negociación de un Estatuto para garantizar el desarrollo de “unas prácticas no laborales de calidad que garanticen su carácter estrictamente formativo y curricular”.
De igual forma, valoran que “es necesario establecer un marco que regule ayudas económicas y una protección social adecuada para quienes las desempeñan”, la limitación de “becarios” por empresa y del encadenamiento de períodos de prácticas, así como la relación entre la persona en prácticas, el centro de formación y la empresa o institución en la que se desarrollen las mismas, con el fin de asegurar el objetivo formativo de las prácticas, estipular las actividades a realizar de las personas en prácticas y establecer los derechos y las obligaciones de las partes implicadas.
Por otro lado, insisten en que es preciso desarrollar “con la mayor celeridad posible y también partiendo del diálogo con los agentes implicados” el reglamento del Decreto ley 28/2018 por el que las empresas, instituciones o centros de formación “deberán dar de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, reciban o no en este momento una contraprestación económica”.
Esta iniciativa constituirá “una herramienta útil” para poner coto a los abusos y al fraude existente y permitirá cuantificar “de manera exacta” el número de personas que se hallan realizando prácticas no laborales. Asimismo, facilitará la creación de un registro con información cuantitativa y cualitativa de estas prácticas, con objeto de saber dónde y en qué condiciones se desarrollan, aseguran.
En definitiva, en opinión de Jóvenes CCOO, resulta “imprescindible” adoptar con “carácter inmediato” iniciativas que avancen hacia la articulación de un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir “eficazmente” el fraude actual y luchar contra la precariedad juvenil.
