El Comité de Empresa de Sanidad y Familia, que representa a 540 trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca, ha anunciado una manifestación para protestar por “el grave deterioro” de los Servicios Sociales en la provincia salmantina, así como la disminución de puestos de trabajo y la imposibilidad de negociar con la Gerencia.
Así lo ha explicado este jueves el presidente de este comité, José Antonio Casado, quien ha detallado que se realizarán asambleas en todos los centros de Servicios Sociales de cara a la movilización que llevarán a cabo a mediados del mes de marzo, aunque aún no hay fecha concreta.
Según Casado, la situación de los Servicios Sociales en la provincia salmantina ha empeorado con respecto a hace cuatro años y ha recalcado que “es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo” con la Gerencia de Servicios Sociales porque “ignoran” los escritos remitidos desde este comité solicitando datos e información sobre la situación de los centros.
Para José Antonio Casado, este deterioro afecta a todos los ámbitos, tanto a los centros de menores, como a los de la tercera edad y a los de personas con discapacidad que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca y se debe, según el comité, a los recortes, el abandono de infraestructuras y la reducción del personal, que estiman en un 10%.
Del mismo modo, han denunciado que se está derivando la atención de los usuarios a empresas privadas manteniendo plazas sin cubrir en los Servicios Sociales de la provincia y eliminando puestos de trabajo, tanto en los centros de menores como en los de atención a la discapacidad.
Uno de los ejemplos que ha puesto Casado es la situación de la residencia juvenil “Los Molinos del Tormes”. Según el presidente del comité de empresa, el edificio está “abandonado” y no hay medios para atender al los “chicos problemáticos”. Del mimo modo, ha denunciado que en este centro “se trafica” y se han dado casos de amenazas a los trabajadores por carecer del número de profesionales necesarios. Según el comité, este centro debería tener una mayor seguridad.
Cabe destacar que los centros de menores dependientes de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca no son centros de reclusión, sino de protección de menores por lo que la administración regional defiende que no puede haber una vigilancia que suponga tener a los menores como en una cárcel. El objetivo es que estos centros sean su casa.
