La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), anunció este miércoles que ha puesto en conocimiento de todas las administraciones provinciales la “escasa aplicación” que tiene el real decreto que regula la revisión de precios de los materiales de obra pues “contemplan una serie de condicionantes que lo limitan de una manera significativa”, dejando fuera a más 90% de las obras de la provincia.
“Esto puede generar una oleada de abandono de proyectos, retrasos en las obras y cierres de constructoras, provocando un shock y paralizando el sector, uno de los motores económicos y de empleo de nuestra provincia”, afirmó la entidad, en el que propone a las instituciones salmantinas, además de adherirse a la normativa señalada, que tome “medidas alternativas”.
Entre ellas, sugieren la sustitución de los materiales proyectados por otros “de similares características”, la concesión a las empresas una revisión de precios por “el imprevisible, anormal y desproporcionado incremento de coste de las materias primas”, que supera, según el análisis de CNC, el promedio del 30 por ciento del coste total de la obra, o bien, “facilitar la resolución de los contratos cuando sea imposible para la empresa realizar la prestación en los términos pactados inicialmente”.
En concreto, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), propone un tercer real decreto-ley de revisión excepcional de precios “para que el inasumible encarecimiento de las obras no provoque un colapso en el sector, la economía y el empleo y que permita una mejora de las actuales”. Además, esta norma incluiría a las obras comenzadas desde 2021 para permitir, especialmente a las pymes, acceder a una “justa e imprescindible” revisión de precios.
En paralelo, se solicita rebajar el umbral desde el cinco hasta el dos por ciento, como máximo, para permitir que un mayor número de obras de diferentes tipos puedan acogerse a la revisión excepcional de precios e introducir en el cálculo más materiales. En este tercer real decreto-ley, “debería ser fundamental compensar el desorbitado incremento del precio de la energía”. Para ello, se sugiere incluirla en las fórmulas de revisión, “bien sea complementando con fondos específicos según los contratos y tipos de obra, o aplicando medidas adicionales que reflejen el peso que ésta tiene en las obras”.
Entre las diez medidas que se están planteando, recomiendan que se establezca la autorización de modificados técnicos por sustitución de los materiales tomados en cuenta para la elaboración del proyecto que sirvió de base para la licitación, haciendo posible así una rebaja de sus precios “sin mermar la funcionalidad de la obra a ejecutar”.
De igual modo, “urge eliminar” el valor máximo de compensación del 20 por ciento sobre el precio de adjudicación del contrato y “tomar en consideración” el límite del 50 por ciento. Otra de las propuestas pasa por aplicar el “silencio administrativo positivo” ante la ausencia de un plazo de respuesta por el órgano de contratación, con una propuesta provisional de reconocimiento de la revisión excepcional de precios, tras la presentación de la documentación necesaria para acreditar la concurrencia de la circunstancia de excepcionalidad establecida en la normativa.
Finalmente, proponen que las corporaciones locales queden vinculadas por la decisión que tomen las correspondientes comunidades autónomas en su ámbito de competencia, porque “si bien en nuestro caso la Junta y la Diputación ya se han adherido al real decreto-ley, las entidades locales todavía no lo han hecho”. Asimismo, recomiendan que la futura normativa incluya los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras, así como los de suministros.
