Sin distinción ninguna en el ámbito geográfico donde se realice la actividad económica, sin distinguir si es en pleno centro de la capital de España o en una población rural, la energía eléctrica es un artículo de lujo para la mayoría de los autónomos.
Por poner como ejemplo un pequeño establecimiento de 100 metros cuadrados del sector de la hostelería con una contratación de unos 13 KW de potencia, el coste que tiene que soportar mensualmente en el recibo de la luz es dos veces al que destina a la cuota de Seguridad Social, unos 580 euros.
Si cambiamos de sector y analizamos el gasto de un comercio con una superficie de 100 metros la contratación de 10 KW y el gasto es de 300 euros mes. En una oficina, con una superficie similar a los otros dos ejemplos, hablaríamos de 7 KW y un gasto mensual de 175 euros.
Con estos datos y la facturación media de los pequeños negocios, podemos concluir que dedican un 18% de los costes del negocio al pago de la factura eléctrica. Esta situación, lejos de mejorar y dependiendo del tipo de contrato que se tenga con la eléctrica de turno, puede encarecerse sensiblemente mes tras mes, por lo que los pequeños negocios fluctúan en su rentabilidad sin que nada se pueda hacer.
Para Eduardo Abad, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), “es necesario que la legislación se flexibilice para todos aquellos negocios que adopten medidas de autoconsumo energético, más aun tratándose en ámbitos poblacionales rurales, donde la capacidad de generar negocio es mucho más limitada que en áreas urbanas”.
Añade que “la lucha activa contra la despoblación en el ámbito rural también tiene que atacar este grave problema en el que se ven directamente afectados el eslabón más débil de la economía productiva, ser autónomo rural no puede seguir siendo una actividad de alta fragilidad y subsistencia”.
