El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves las bases para la concesión del bono de urgencia social, destinado a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania y que carezcan de recursos económicos suficientes, con la finalidad de hacer frente a sus necesidades básicas.
Aunque, el Gobierno de España es el competente para prestar la atención que precisen las personas solicitantes de asilo, la respuesta a la guerra en Ucrania se ha producido, mayoritariamente, fuera de este sistema de acogida. Por este motivo, la Junta de Castilla y León ha publicado las bases que regirán las ayudas directas a los refugiados ucranianos que no están atendidos en el sistema de acogida.
Este bono de urgencia social tendrá un importe de 400 euros mensuales, durante un plazo máximo de seis meses, que se incrementará en 100 euros por menor a cargo. Podrán ser beneficiarias de dicha ayuda aquellas personas que hayan obtenido el estatuto de protección temporal por el conflicto en Ucrania, que no estén siendo atendidas en el sistema de acogida, que estén empadronadas en algún municipio de Castilla y León y que acrediten carencia de medios económicos firmando para ello una declaración responsable.
En la actualidad, y según los últimos datos ofrecidos por la Secretaría General de Análisis Migratorio, desde la invasión de Ucrania un total de 3.855 personas han solicitado asilo en Castilla y León, de las que 1.332 están acogidas en el sistema de asilo y refugio (el 35 %). Asimismo, más de 300 personas están dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores y, por lo tanto, según la normativa del Ministerio, no cumplirían el requisito de carecer de medios económicos.
Antes de finalizar el mes de enero, el departamento que dirige Isabel Blanco publicará la convocatoria de este bono de urgencia social y se abrirá el plazo para presentar las solicitudes. Estas ayudas se irán concediendo una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos.
