Las 31 mujeres asesinadas este año a manos de su pareja o expareja, las confirmadas por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, llevan el camino de superar los registros del año pasado, en el que fueron 44. Este marcado color negro que ha tomado la igualdad también se puede notar en los asuntos penales presentes en los diferentes Juzgados. En Salamanca, según confirma el estudio recientemente publicado del Consejo General del Poder Judicial para los primeros tres meses, en el primer trimestre crecieron de manera importante con respecto al mismo periodo de 2016.
De hecho, solo desde enero a marzo fueron 189 las denuncias presentadas, la amplia mayoría a instancias de la víctima, por las 75 del 2016. De ellas, según este registro, 146 se corresponden con víctimas por violencia de género, lo que supone ya solo en el primer trimestre, un 11,5% en la medición que realiza el CGPJ por cada 10.000 mujeres. En 2016, esta cifra era del 4,4%.
Sin embargo, y aunque el movimiento de asuntos penales también ha crecido y se situó en el primer trimestre del año en 198 por los 166 del año pasado, lo que siempre se ha considerado como delito y no falta, término que desapareció del Código Penal en 2015, han descendido en prácticamente la mitad, creciendo los llamados juicios rápidos por los actuales delitos leves.
En el primero de los casos, de hecho, han descendido prácticamente la mitad debido principalmente a los descensos de los casos de lesiones y malos tratos recogidos en el artículo 153 del Código Penal (de 52 a 25), castigados con pena de prisión de seis meses a un año de manera general, y los quebrantamientos de medidas cautelares (de 21 a 6). El primero de ellos es, sin embargo, el que sigue copando la práctica totalidad de este tipo de delitos.
En el otro lado nos encontramos con el aumento de los delitos leves, primordialmente las injurias (de 0 a 9) y con los ya mencionados juicios rápidos, que desde el primer trimestre de 2016 han crecido de manera exponencial. De hecho, solo dos fueron los que se celebraron entre enero y marzo del año pasado hasta los 95 a final de año. Cifra que se corrobora con los 28 que arrojan las cifras del Consejo General del Poder Judicial para los primeros tres meses de 2017.
Terminación del proceso
En el primer trimestre del año también parece haberse producido un cambio en el sentido de la sentencia y su proceso de terminación. De hecho, en los anteriores años, la mayoría de las denuncias presentadas terminaban con un sobreseimiento provisional. De hecho, en 2016, a final de año, estas supusieron más de la mitad (50,9%), aunque ya descendió con respecto a pasados años (en 2010, por ejemplo, el porcentaje fue del 62,9%) y al primer trimestre, en el que se encontraba en el 53%.
Obviamente, estas cifras eran las más altas sobre las absoluciones o condenas, mientras que ya en el primer trimestre de 2017 estas últimas se han convertido en lo que más se ha visto en los Juzgados de Salamanca. El 26,7% acabaron con la condena para el hombre denunciado, mientras que el 24,4% se correspondieron con sobreseimientos. También ascendieron las absoluciones, que se situaron en el 15,1% y descendió la elevación al órgano correspondiente (3,4%).
Así lo fue en las 36 personas enjuiciadas, según el informe del primer trimestre, que son trece más que en 2016. Eso sí, fueron 23 las que resultaron culpables y 13 las que fueron absueltas, situando el porcentaje en el 63,9%, diez puntos menos que durante 2016. La mayoría de los denunciados se tratan de exparejas, más del 70%.
Medidas y órdenes de protección
Son muchas las quejas sobre las denegaciones de órdenes de protección aunque el informe del CGPJ dice que en el primer trimestre solo se hizo con una de las 30 que se pidieron, de las que cuatro fueron a instancia del Ministerio Fiscal. De hecho, suponen más que las 16 que hubo durante el primer trimestre de 2016.
Sí es cierto, en cambio, que se suelen tomar medidas cautelares para la víctima pero no órdenes de protección. Y es que esta última permite aunar medidas de naturaleza penal y civil frente al presunto agresor. De hecho, la inmensa mayoría de medidas no van aparejadas con las órdenes, especialmente en el espacio penal.
Por ejemplo, respecto a lo anterior, la medida de privar de la libertad de manera provisional al denunciado se ha tomado en tres ocasiones durante los tres primeros meses, todas sin orden de protección a la víctima. Las 23 en lo referido al alejamiento y la prohibición de comunicación cuentan con tres con orden de protección, mientras que las dos medidas de suspensión de tenencia de armas tomadas sí iban al lado de esta orden.
En el caso civil las medidas de protección no son tan numerosas. De hecho, en el primer trimestre solo se han tomado ocho referentes a la atribución de la vivienda, la suspensión de la guarda y la custodia y la prestación por alimentos. De ellas, dos fueron con orden de protección y seis no.
