El Ministerio del Interior ha hecho público, a través de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), los datos sobre la evolución de los delitos de odio del último informe, 2023, donde en Castilla y León respecto al 2022 se ha producido un destacable incremento, tanto de los hechos conocidos como esclarecidos (95), como de victimizaciones (105) y detenciones (81). La mayor diferencia entre un año y otro, a nivel de la Comunidad se centra en los hechos esclarecidos, con 54 nuevos casos, aunque el que regenta la mayor cifra son los hechos conocidos (115).
En el caso de la provincia de Salamanca los delitos de odio también han aumentado respecto a hace un año, donde la orientación sexual e identidad de género de la víctima es el motivo más frecuente de estos delitos, seguido del racismo y la xenofobia, donde tan solo se han registrado nueve detenciones de los catorce hechos esclarecidos, y donde seis han sido por este último motivo.
Por lo tanto, en la provincia de Salamanca, los hechos conocidos han aumentado, registrándose siete delitos más respecto a hace un año. Entre ellos destacan el antigitanismo, los delitos de discapacidad, de ideología y de racismo o xenofobia, siendo estos últimos los más altos. Al contrario, se reducen los delitos de orientación sexual e identidad de género, manteniéndose con cero casos los delitos de antisemitismo, aporofobia, discriminación generacional, de enfermedad y de sexo o género.
Los hechos esclarecidos suman también siete nuevos delitos respecto a 2022 en Salamanca, donde destacan los delitos de antigitanismo, discriminación generacional, ideología, racismo y xenofobia, siendo esta la que presenta mayor número de delitos demostrados. Se reducen los delitos por creencias y prácticas religiosas, mientras se mantienen sin modificación, en cero, los delitos por antisemitismo, aporofobia, discapacidad, discriminación por enfermedad, sexo y género.
El número de víctimas por delitos de antigitanismo, discapacidad, ideología, orientación sexual y racismo o xenofobia se han incrementado, con la orientación sexual e identidad de género de la víctima como el delito de odio más destacable.
Respecto a las detenciones, aunque no hay datos comparativos de 2023 frente a 2022, en este último informe se notifican tan solo nueve detenciones en el último año: seis de ellas por delitos de racismo y/o xenofobia y tres que se corresponden con infracciones administrativas y resto de incidentes.
En comparación con el resto de las provincias de Castilla y León, Salamanca es la tercera de la Comunidad con más hechos de delitos de odio conocidos, 16 de en total, posicionándose por delante León con 23 y Palencia con 18; aunque es la provincia con más delitos esclarecidos (14) junto a Palencia. Respecto a las detenciones se posiciona en cuarto lugar por detrás de Valladolid, Segovia y León, mientras que es una de las provincias que mayor número de víctimas por delito de odio tiene, estando a la par que Ávila, y superada tan solo por las provincias de Valladolid y Segovia.
En lo que se refiere al conjunto de la Comunidad de Castilla y León, los hechos conocidos por delitos de odio se han incrementado en 51, teniendo las cifras más elevadas los delitos de odio por racismo o xenofobia (33), por orientación sexual o de género (28) y por ideología (25). A nivel de la Comunidad, las víctimas también han aumentado en 2023 respecto al 2022, con una diferencia de 48, siendo los principales motivos los delitos por racismo y xenofobia (37) y por orientación sexual y de género (28).
Respecto a los hechos esclarecidos, los delitos que se han comprobado en Castilla y León a lo largo de 2023 suman 95, siendo 54 más comparándolo con el año anterior. Los mayores delitos de odio cometidos han sido por racismo o xenofobia (31) y por orientación sexual (25). Por discriminación por razón de sexo/género 10, por delitos de discapacidad 4, por discriminación generacional 3, por antigitanismo se han cometido solo 2 delitos, otros 2 por aporofobia, y 1 por creencias o prácticas religiosas y por discriminación por razón de enfermedad, mientras no se han detectado delitos por antisemitismo y delitos e infracciones administrativas.
Por su parte, las detenciones suman un total de 81 en Castilla y León: 37 por delitos de orientación sexual e identidad de género; 19 por racismo o xenofobia; 7 por ideología; 5 por discriminación por razón de sexo/género y delitos de odio contra personas con discapacidad; 4 por aporofobia; 2 por antigitanismo y discriminación por razón de enfermedad; y 0 por creencias o prácticas religiosas y discriminación generacional.
A nivel nacional, el Ministerio del Interior ha destacado que “la cifra total de delitos e incidentes de odio registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, a lo largo de 2023, asciende a un total de 2.268 hechos, lo que supone un aumento del 21,35% en relación con 2022, de los cuales, 2150 son delitos de odio y 118 hechos se corresponden con infracciones administrativas y resto de incidentes”.
Siguiendo la tendencia de los dos años anteriores, los hechos registrados han aumentado, 1.802 en el 2021, 1.869 en 2022 y 2.268 en 2023, lo que confirma la tendencia alcista.
El mayor número de delitos registrado en el año 2023 es el de racismo/xenofobia con 856 hechos conocidos constitutivos de delitos de odio, habiendo ascendido con respecto al año 2022 un 13,38%, sin embargo, los delitos de odio contra personas con discapacidad y antisemitismo son los que han registrado un mayor aumento. La discriminación por razón de enfermedad es la única que no ha aumentado de casos.
La mayor victimización se ha producido entre los hombres en edades comprendidas entre los 26 y los 40 años. El sexo masculino y de nacionalidad española también es el perfil de detenido por delitos de odio.
El Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España especifica que “los delitos de odio se caracterizan por acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones (reales o percibidas) distintas a las del perpetrador, como pueden ser la raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas o políticas, discapacidad, entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español”.
