Tras la batería de preguntas presentadas en el Senado por el senador de Compromís, Carles Mulet, referente a la necesaria investigación y exhumación de los cuerpos que se hallan en las numerosas fosas que aún se reparten por España, con miles de españoles sin identificar y que nos convierten en el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos (apenas nos supera Camboya en este triste ranking), el Gobierno ha respondido a las mismas con un simple “no hay dinero”.
Desde el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) y la Plataforma por el Futuro de la Región Leonesa consideramos este hecho muy grave, ya que con ello el Estado está negándose a cumplir la Ley 52/2007, que le obliga a identificar a todas aquellas personas que aún permanecen en fosas sin identificar. En este sentido, desde nuestro Colectivo consideramos que el Estado debería tomar la iniciativa de identificar a todos los españoles de las fosas le obligase o no la ley, simplemente por mera humanidad y sentido de responsabilidad.
Respecto a nuestra región, hay un total de 69 fosas comunes identificadas, que se reparten entre las 48 de la provincia de León, las 11 de Salamanca y las 10 de Zamora. De todas ellas, 41 han sido exhumadas totalmente, mientras que las 28 restantes se reparten entre 2 fosas desaparecidas (las de Maire de Castroponce y Valverde de la Virgen), 6 no intervenidas, y 20 trasladadas al Valle de los Caídos (donde sigue sin identificarse).
Es por ello que desde el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) y la Plataforma por el Futuro de la Región Leonesa queremos insistir en que el Estado ha de cumplir con la obligación que le atribuye la Ley 52/2007 e identificar a todas y cada una de las personas que se hallan en aquellas fosas que, o bien no han sido intervenidas, o bien fueron trasladados sus miembros sin identificar al Valle de los Caídos.
Y es que la Ley 52/2007 recoge en su artículo 11 que “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. […] La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar gastos derivados de las actividades contempladas en este artículo.”
Por ello, desde el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL) y la Plataforma por el Futuro de la Región Leonesa consideramos que el Estado no ha de eludir sus obligaciones y debe colaborar activamente en la identificación de las víctimas en las fosas ya catalogadas, así como en la búsqueda de nuevas fosas que no estuviesen aún catalogadas dentro del inventario estatal de fosas.
