Con la propuesta presentada por la Junta, los centros de Primaria tendrán una pérdida de 206 puestos docentes y los de enseñanzas medias tendrán un saldo positivo de 10. El balance final global es de 196 puestos menos de docentes en la Comunidad para el próximo curso, “lo que supone una importante merma que agrava la que ya se viene sufriendo en los últimos años”, denuncia la responsable regional de Educación de CSIF, Isabel Madruga.
El colectivo que más pierde es el de los maestros que se trasladaron a los institutos de Secundaria, cuando se puso en marcha la ESO, ya que desaparecen 89. El problema se agrava al no compensarse esta supresión con la creación de un número similar de plazas para profesores de Secundaria, como sería deseable, remarca CSIF.
“Aun siendo conscientes del descenso de la población en nuestra Comunidad, un año más tenemos que mostrar nuestro desacuerdo con los planteamientos de la Consejería de Educación, y nuestra oposición a que se supriman 196 puestos docentes en nuestra Comunidad. La educación pública no puede seguir sufriendo recortes más tiempo, la situación requiere negociar la recuperación y estabilidad de las plantillas”, reclama Madruga. “Desde las administraciones se insiste en que estamos en la senda de la recuperación, pero se siguen implementando políticas de deterioro de servicios”, añade la responsable de Educación de CSIF en Castilla y León.
Los criterios de negociación de plantillas, “desde los que se supone que negociamos la creación o supresión de puestos, proceso en el que estamos inmersos, son unos criterios restrictivos y economicistas, no consensuados desde hace años en la Mesa Sectorial de Educación con los sindicatos, que parten de criterios asentados en los recortes, derivados de la normativa nacional impuesta”, explica Isabel Madruga. “Con estos criterios se aniquila la posibilidad de realizar apoyos o refuerzos, se anulan las escasas posibilidades de puesta en marcha de medidas ordinarias a las que todos los centros puedan acceder, en igualdad real de oportunidades”, añade.
En una comunidad tan dispersa geográficamente como Castilla y León, este proceso de movilidad del profesorado es esencial, hay bastantes especialidades en las que las plazas a crear son muy pocas y las supresiones se siguen sucediendo. Impartir afines o tener que compartir centros es cada vez más frecuente, critica CSIF. En este contexto, “hay centros en los que el porcentaje de profesorado interino o provisional es muy elevado. Estos duros procesos de modificación de plantillas jurídicas reducen posibilidades, a corto plazo, para nuestros compañeros que participan en Concurso de Traslados y, a largo plazo, para los interinos que esperan no sólo poder realizar alguna sustitución o cubrir una vacante, sino acceder un día a la Función Pública superando el oportuno proceso selectivo”, indica Madruga.
El próximo 13 de enero comenzarán las reuniones de la Consejería de Educación, las direcciones provinciales y los representantes sindicales del profesorado, por lo que “lucharemos por evitar la reducción de plantillas y trabajaremos por promover la creación de aquellas plazas que son necesarias”, insiste CSIF. Este proceso de información y negociación, que finalizará los días 3 y 6 de febrero en las reuniones centrales en la Consejería, en la Mesa Sectorial de Educación, “ha de velar por dotar al profesorado de la estabilidad necesaria para mejorar la calidad de la educación pública”, reitera CSIF.
Lanzamiento de una campaña reivindicativa del pacto por la Educación
Precisamente, recuperar el número de docentes que había en 2010 -se han perdido 1.500 desde entonces en Castilla y León- es uno de los objetivos de CSIF. Por tanto, “reducir el número de alumnos por clase, considerar el esfuerzo del alumno en el estudio, asegurar una adecuada atención a la diversidad, o garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, incluidos los del medio rural, son algunas de las cuestiones que CSIF Castilla y León quiere que estén en el futuro Pacto por la Educación, para el que el sindicato independiente ya ha presentado 15 medidas básicas para el debate en la subcomisión del Congreso de los Diputados, propuestas que trasladará también a la Junta de Castilla y León.
CSIF ha iniciado una campaña informativa de ámbito nacional, para dar a conocer a la comunidad educativa, y al conjunto de la sociedad, sus líneas de debate para el Pacto por la Educación, que debe blindar el gasto educativo y apostar por la Educación Pública. CSIF ha recordado que en los últimos 5 años se han perdido cerca de 23.000 docentes en España. El sindicato independiente plantea poner coto a la enseñanza concertada, incrementar inversión y plantillas, y reducir alumnado por clase
“El Pacto debe abogar por la equidad, la excelencia, la defensa del sistema público y por la estabilidad de del modelo educativo”, explica Madruga, “todo ello encaminado a conseguir una educación de calidad, por lo que esperamos que en la negociación del Pacto se tenga en cuenta la experiencia y el modelo educativo de nuestra Comunidad, que está dando tan buenos resultados”.
“La falta de consenso y acuerdo entre las fuerzas políticas hace que sea necesario dar estabilidad al sistema educativo, mediante un Pacto que plantee una estabilidad de la estructura básica del sistema educativo y un currículum básico, para evitar diferencias significativas en el número de horas por asignatura entre comunidades autónomas. Los docentes deben tener la certeza de que cuando aprueban su oposición van a impartir las materias que se determinen durante toda su vida académica, sin que los cambios legislativos lleven a supresiones y desplazamientos”, considera CSIF.
Este sindicato lleva muchas legislaturas reclamando un Pacto, “que acabe con este sinsentido de derogar y modificar leyes educativas en el cambio de Gobierno. Llevamos 7 leyes educativas en 38 años de democracia, dificultando la labor de los verdaderos profesionales de la educación, nuestro profesorado, que ha de adaptar programaciones didácticas, sistemas y evaluaciones en cada uno de estos cambios”.
La calidad de la educación exige en primera instancia una inversión suficiente, por lo que “tiene que equipararse a la media de los países europeos. El Pacto debe establecer un suelo de inversión que no pueda ser alterado, y una garantía de que la financiación suficiente llegue a todos los centros públicos, “algo importante en una Comunidad dispersa como es Castilla y León. El horizonte final tiene que ser lograr una inversión del 6 por ciento del PIB”, apunta Madruga.
La aprobación del demandado Estatuto Docente; el reconocimiento social y profesional del profesorado; o que las becas tengan como prioridad la equidad, basada en el principio de que ningún alumno tenga que dejar de estudiar por motivos económicos, son otras de las peticiones de CSIF para el Pacto que se acuerde.
La modernización de la Formación Profesional es otro elemento esencial para el Pacto por la Educación, que ha de ser eficaz en la incorporación al mundo laboral del alumnado, según CSIF. La Formación Profesional es clave para el crecimiento económico de un país y para la mejora de los procesos productivos locales, a través de una adecuada capacitación profesional, valora el sindicato independiente: “puede ser un recurso educativo muy útil para fomentar la fijación de población, y potenciar unas actividades económicas que ayuden a luchar contra la despoblación, un problema grave en algunas de nuestras provincias en Castilla y León”.
La educación, para CSIF, es un derecho humano y un bien público, “lo que convierte en obligación de nuestros políticos establecer un sistema educativo que materialice la igualdad de oportunidades”. Para CSIF, ésta solo se asegurará potenciando la enseñanza pública, y poniendo coto -por tanto- a la enseñanza privada-concertada”, concluye.
Propuestas para mejorar la Universidad en Castilla y León
En el ámbito universitario, CSIF demanda acabar con los recortes y acordar un nuevo modelo de financiación universitaria, que no se base en criterios de rentabilidad económica, olvidando los de carácter social, una de las misiones básicas de cualquier servicio público. Además, resulta necesario superar el concepto de tasa de reposición, para permitir a las universidades desarrollar sus propias políticas de plantilla, para crear y consolidar su personal docente, investigador, y de administración y servicios, lógicamente dentro de las disponibilidades presupuestarias, afirma CSIF. Nos satisface la rectificación del gobierno manifestada en el día de ayer, pero estaremos expectantes a su puesta en práctica y atentos a las salvedades que introduce el Ministerio.
“En el caso de Castilla y León, el modelo del Contrato Programa no ha dado los resultados previstos y se ha puesto de manifiesto la insuficiente financiación de las universidades públicas de Castilla y León, siendo necesario que la Junta haga el esfuerzo por cubrir al 100% las necesidades de su personal”, explica el vicepresidente del sector de Educación de CSIF Castilla y León y responsable del área de Universidad, Roberto Fernández.
Considera “que el efecto de la tasa de reposición ha sido especialmente pernicioso en nuestra Comunidad, agravando el problema de envejecimiento de las plantillas universitarias, lo que hace imprescindible realizar una política que permita rejuvenecer y asegurar la continuidad y viabilidad futura de las universidades de la Comunidad”.
Otra medida que destaca CSIF, para el Pacto por la Educación en el ámbito universitario, es potenciar la investigación y la ciencia, realizando un mayor esfuerzo público y privado en I+D+i. “con más recursos, si no queremos perder el tren de la competitividad, y que la brecha en tecnología, innovación y avance del conocimiento con los países de nuestro entorno se haga más grande. Resulta necesario también realizar políticas que permitan retener el talento y atraer de nuevo a España aquel que se ha marchado al extranjero”.
El sistema universitario español sigue inmerso en la crisis, puesto que la inversión pública se ha reducido un 17% y el gasto de España en educación superior, medido como porcentaje del PIB, es inferior a la media de la Unión Europea, ocupando la posición 26 de los 31 países de la OCDE, indica CSIF.
“En Castilla y León resulta necesario ampliar los fondos destinados a investigación, así como abrir las líneas de apoyo a los equipos investigadores y eliminar burocracia en la solicitud, concesión y desarrollo de los proyectos de investigación”, aclara Roberto Fernández.
Resulta imprescindible cumplir el mandato de la Ley y desarrollar el Estatuto del Personal Docente e Investigador, plantea CSIF, que deberá regular el acceso, la promoción, las condiciones de trabajo, la carrera profesional y la orientación docente o investigadora del Personal.
“En el caso de Castilla y León es necesario retocar el Decreto autonómico sobre profesorado laboral, ya sea potenciando las figuras que se contemplan y no se utilizan, ya sea simplificando el número de figuras si no se tiene la intención de utilizarlas. También es urgente buscar fórmulas para la vinculación al SACYL de las figuras laborales docentes. Asimismo, es necesario agilizar la negociación del III Convenio del PDI Laboral con implicación en el proceso de la Junta de Castilla y León, a fin de alcanzar unas condiciones laborales dignas para este personal, en particular en cuanto hace a quinquenios y sexenios”, explica el responsable de Universidad de CSIF Castilla y León.
Desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público de manera que se pueda configurar una carrera profesional y una promoción horizontal para el colectivo del personal de Administración y Servicios, muchas veces olvidados, es otra de las medidas presentadas por el sindicato independiente. En el caso de Castilla y León, la mejora de la financiación permitiría, en el capítulo de Personal, la posibilidad de desarrollar en las distintas Universidades Públicas una política adecuada de contratación y promoción del PAS, pudiendo recuperar derechos económicos y sociales minorados durante la crisis, y aumentar sus expectativas de mejora en su carrera profesional, subraya Roberto Fernández.
CSIF advierte que las plantillas de las universidades en España están diezmadas, con una reducción de 7.111 trabajadores en el período 2012-2016, lo que supone una pérdida de más del 7 %, sumando profesorado y personal de administración y servicios.
Otra de las peticiones de CSIF es mejorar el sistema de becas y ajustar las tasas y precios públicos en la Universidad. Es necesario volver a aumentar la partida dedicada a las becas con una mayor dotación económica y una disminución de las exigencias para acceder a las mismas, que permita a mayores sectores de la población disfrutar de ellas, según el sindicato independiente.
