La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha manifestado su rechazo al anteproyecto de Ley sobre Educación presentado por el Consejo de Ministros porque, en su esencia, "mantiene los recortes y los males endémicos de nuestro sistema educativo".
CSIF considera que el anteproyecto es un plagio tramposo con el que el Gobierno socialista incumple su promesa de derogar de manera íntegra el decreto de recortes educativos. "Además, llega a la mesa del Gobierno sin haberse negociado con los sindicatos, representantes legítimos de los trabajadores para negociar las condiciones laborales".
CSIF, de esta manera, exige de entrada la "derogación absoluta y desde ya del Real Decreto, establecer una horquilla para homologar las horas lectivas en toda España y un calendario para negociar un Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social, entre otras".
En líneas generales, desde CSIF se reclama una nueva Ley Orgánica de Educación, a través de un pacto de Estado. Esta Ley debe fundamentarse en "potenciar la educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7 por ciento del PIB (la OCSE volvía a situar a España en los últimos puestos en lo que se refiere a la financiación) y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas".
"Las trampas del anteproyecto"
"Y es que el anteproyecto deja en manos de las comunidades autónomas la reducción de los horarios, abriendo la puerta a diferencias entre compañeros de las distintas administraciones y lo que es más grave, en la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos".
Por otro lado, respecto a las ratios de alumnos, esta cuestión ya había sido derogada de facto a través del acuerdo sindical que eleva al cien por cien la tasa de reposición.
El anteproyecto además no es inmediato y no entrará en vigor, como mínimo hasta el próximo curso, dado que depende del futuro trámite parlamentario. Por tanto no se pondrán en marcha soluciones inmediatas a problemas tan graves como el déficit en las plantillas, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada, el exceso de burocracia en los centros o la obligación de los centros de ofertar dos bachilleratos.
