La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado a la secretaria de Estado de Función Pública que se garantice el derecho a la jubilación parcial anticipada para todos los empleados públicos. La organización sindical reclama una instrucción antes del 1 de abril con los criterios de aplicación de la nueva regulación establecida en el Real Decreto Ley 11/2024, la regulación inmediata de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, y la convocatoria de la Mesa de Negociación para su desarrollo, alertando de que ya hay administraciones que han anunciado que no aplicarán estas jubilaciones ante la falta de criterios claros.
CSIF realiza esta petición ante la entrada en vigor, el próximo 1 de abril, del Real Decreto Ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, y tras el silencio de las administraciones pese a los requerimientos efectuados por el sindicato. La nueva regulación afecta tanto a las personas que se jubilan parcialmente cumplida la edad ordinaria de jubilación como a quienes lo hacen de manera anticipada.
Desde CSIF reclaman la aplicación efectiva de este derecho tanto para el personal laboral, como funcionario y estatutario de todas las administraciones. En concreto, exigen instrucciones claras para el personal laboral, ante las dudas surgidas sobre la forma de compatibilizar la contratación fija y a tiempo completo del relevista con los requisitos de acceso al empleo público. También exigen la regulación inmediata de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como la convocatoria de la mesa general de negociación de las administraciones públicas para su desarrollo.
CSIF denuncia que varias administraciones, tanto autonómicas como locales, han manifestado su intención de paralizar las solicitudes de jubilaciones parciales con contrato de relevo, amparándose en una interpretación restrictiva de la norma, a la hora de compatibilizar esta modalidad de contrato con la regulación y las garantías de acceso al empleo público.
