Asambleas de docentes en centros educativos de toda España se están posicionando en contra de la aplicación de la LOMLOE ante las dudas que está generando la aplicación de los temarios y el sistema de evaluación al alumnado a lo largo del primer trimestre de este curso.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, está recibiendo centenares de quejas del profesorado, que nos traslada su preocupación e inseguridad ante las evaluaciones del primer trimestre del curso y en consecuencia el boletín de notas que recibirán las familias antes de las vacaciones de Navidad, con los nuevos criterios de la LOMLOE.
Esto es así porque los currículums y los nuevos criterios de evaluación (ahora no se valoran tanto los conocimientos, como las competencias y habilidades en el aprendizaje, la responsabilidad personal, la resolución creativa o el trabajo en equipo) se publicaron coincidiendo con el inicio de curso, sin tiempo para prepararlos. En algunas comunidades autónomas incluso se empezó sobre la marcha con borradores de la nueva norma, sin la formación ni la orientación adecuadas.
Ahora, los docentes se sienten inseguros porque no han podido formarse de manera adecuada, porque la ley es difícil de interpretar y porque les falta tiempo para la docencia. Y es que se trata de un procedimiento de evaluación muy complejo, que genera una enorme carga burocrática por los informes que se tienen que trasladar a la Administración. Además, se sigue trabajando con unas condiciones muy precarias (ratio elevada de alumnos, las mismas horas lectivas, déficit de financiación, recursos y plantillas).
Este es un resumen de las quejas que trasladan:
La ley se ha publicado tarde y los documentos como las resoluciones de evaluación han sufrido modificaciones una vez iniciado el curso. Los docentes no pueden trabajar con esta improvisación.
Preocupación por la política educativa, el enfrentamiento partidista, falta de recursos, ratios.
Los nuevos currículums están sobrecargados y se les da mayor importancia a las competencias en detrimento del temario.
La imposición en algunos casos de los ámbitos, reduciéndose la especialización y la calidad de la enseñanza. Además, esta agrupación de disciplinas produce importantes lagunas de conocimiento con aprendizajes dispersos.
Se impone un modelo pedagógico único, cerrado y obligatorio, basado exclusivamente en las situaciones de aprendizaje. Se atenta contra la libertad de cátedra y de la autonomía pedagógica de los centros.
Hay que repensar la ley con la comunidad educativa. Su aplicación debería ser más racional y flexible y sobre todo con más recursos.
La imposición de los plazos está generando tensiones en los centros por la carga de trabajo burocrático.
La formación solo ha llegado a una pequeña parte del personal, no se ajusta a problemas concretos y reales y se limita a generalidades.
Los libros de texto se han visto afectados por el retraso, se han elaborado en muchos casos con borradores y pueden por tanto contener errores.
Ante esta situación, CSIF exige al Ministerio de Educación una reunión urgente y extraordinaria para evaluar la aplicación de la norma, los problemas en su aplicación detectados por el profesorado y adoptar soluciones con el consenso de los representantes de los/as trabajadoras.
CSIF ya avisó de esta situación y el pasado 19 de octubre nos manifestamos frente al Ministerio. Sin embargo, el departamento de Pilar Alegría no ha respondido a las demandas legítimas del profesorado.
Por este motivo, CSIF pone en marcha desde ya una campaña informativa en toda España y una consulta a las bases de nuestra organización que, en el caso de que el Ministerio de Educación no responda a esta situación de incertidumbre, podría culminar en la convocatoria de una huelga en toda España.
