La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha recordado al nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias (II.PP.), Ángel Ortiz, que las ocho cárceles de la Comunidad tienen un total de 445 plazas vacantes, es decir, entre el 12 y el 15% de la plantilla total, “lo que supone un lastre muy grave para poder atender adecuadamente estos centros, que requieren una oferta de empleo urgente y suficiente”. Así lo ha señalado el responsable del sector de la Administración General del Estado (AGE) de CSIF Segovia y funcionario de prisiones, Fermín Pinto, presente en una reunión que el nuevo secretario general de II.PP. mantuvo el día 10 en la prisión de Segovia, con representantes sindicales.
Precisamente, la falta de personal es, para CSIF, uno de los problemas prioritarios que afectan a las cárceles de Castilla y León y de España, para lo que se requiere “dar solución lo más rápidamente posible a las mal dimensionadas RPT (Relación de Puestos de Trabajo), y a la necesidad de cubrir las vacantes que tienen, más de 3.000 en España y 445 en el caso de Castilla y León, con el agravante de que las plantillas de nuestra Comunidad son de las más envejecidas”, apunta Fermín Pinto.
En el centro penitenciario de Ávila hay 30 vacantes, en Burgos 51, en León 74, en Palencia (Dueñas) 53, en Salamanca (Topas) 126, en Segovia 40, en Soria 35 (sin olvidar que la nueva prisión permanece cerrada por falta de oferta para contratar personal), y en Valladolid 36.
CSIF Castilla y León también ha trasladado al nuevo responsable de Instituciones Penitenciarias la necesidad de abordar ya las mejoras retributivas, que se vienen demandando desde hace meses, y “que llevó incluso a un encierro de delegados de nuestro sindicato en Madrid”. Estas mejoras pasan por la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones de Cataluña, o subidas en algunos niveles y en el complemento D7 para el personal laboral.
En el escrito entregado por CSIF a Ángel Ortiz, se demanda también una reclasificación de los internos acorde a los centros, que evitará agresiones. Los concursos de traslados anuales con un baremo negociado; el rechazo a la externalización de trabajos (limpieza, mantenimiento, seguridad) y su cobertura por empleados públicos; el impulso de la prevención de riesgos laborales; o la recuperación de las horas en la limpieza de las oficinas de las cárceles (reducidas en un 50% por la crisis), son otras reivindicaciones. Además, se pregunta por las previsiones de Instituciones Penitenciarias para abrir la nueva cárcel de Soria; y se pide que se ejecuten, cuanto antes, las transferencias de la sanidad penitenciaria a las autonomías, para poder dar una respuesta más eficaz a las necesidades sanitarias de las prisiones.
Fermín Pinto, que ha valorado como “positivo” este encuentro con el nuevo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, ha agradecido “su talante, para atendernos en esta primera visita que ha realizado a Castilla y León, concretamente al centro penitenciario de Segovia, y que esperamos que sea la norma de entender y restablecer las negociaciones con los sindicatos, llegando a acuerdos que mejoren la situación de los trabajadores y de los servicios de Instituciones Penitenciarias”.
CSIF confía en que la buena predisposición de Ortiz se traduzca en un compromiso concreto sobre las mejoras retributivas, que se tratarán en el Grupo de Trabajo de Retribuciones que se reunirá el día 24 de julio; y en un incremento de la oferta pública de empleo para prisiones, ya que el secretario general de II. PP. ha apuntado la intención de aumentar la tasa de reposición por encima del número de bajas, pero sin concretar cifras.
El responsable del sector de AGE de CSIF Segovia, Fermín Pinto, ha recalcado que “el secretario general nos ha pedido colaboración para mejorar el colectivo penitenciario, y CSIF le ha pedido que defienda a sus empleados públicos, por el trabajo que realizan en las cárceles, centros que hay que abrir a la sociedad. Confiamos en haber iniciado una etapa de relación más positiva entre Instituciones Penitenciarias y los representantes sindicales”.
