El Boletín Oficial del Estado ha publicado el reparto correspondiente al ejercicio de 2023 de los fondos acordados durante la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo. Un acuerdo por el que Castilla y León recibirá de 54,6 millones de euros de los fondos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional reparte entre las comunidades autónomas. A esa cantidad hay que añadir 6,2 millones para labores de formación de mejora y adquisición de habilidades.
El pasado 7 de junio se aprobaba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito de la formación profesional para el empleo dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para 2023. En total esos fondos asciendes a más de 867 millones de euros.
Castilla y León recibirá 54,6 millones de esos fondos de los 43,9 se destinan a la oferta formativa de trabajadores desempleados. Otros 9,1 millones van dirigidos a la formación de trabajadores ocupados mientras que el resto, 1,5 millones, se destinan a acciones del sistema de formación profesional para el empleo que, de forma extraordinaria, se impartan en los centros de formación profesional de la red pública para trabajadores ocupados y desempleados.
En esa misma Conferencia Sectorial, se aprobaba la distribución territorial por comunidades de las ayudas destinadas al desarrollo de acciones de ‘reskilling’, adquisición de habilidades, y ‘upskilling’, mejora de habilidades. Estos fondos cuyo valor total asciende a 111,5 millones de euros.
De esos fondos, Castilla y León tiene asignados 6,2 millones. Del total, 2,1 millones se dedica a la formación se sectores prioritarios, 1,1 millones para la formación del cuidado a personas y 2,2 millones a la formación en zonas en riesgo de despoblación.
A la hora de repartir estos fondos, el número de trabajadores en búsqueda de empleo y trabajadores ocupados supone un 75% de valoración en los criterios de distribución. Además se tiene en cuenta la tasa de población activa sin titulación profesional, la dispersión geográfica de las Administraciones Públicas, la dispersión de la población activa y la tasa de ejecución de las ayudas en el último ejercicio cerrado.
Además, en caso de estabilidad de fondos, se garantiza que ninguna comunidad autónoma cuente con un decrecimiento en términos absolutos de sus créditos respecto del año anterior, con el fin de garantizar la continuidad de las acciones formativas iniciadas en ejercicios anteriores y cuyo mantenimiento o ampliación se considere adecuado.
