La Consejería de Industria, Comercio y Empleo lleva a Consejo de Gobierno una subvención directa de 6,7 millones de euros a Castilla y León para mejorar la seguridad, la salud y el bienestar laboral en el ámbito rural a través de a la realización de diferentes actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales que redundarán en una mejora en el asentamiento poblacional, así como en el desarrollo del tejido empresarial.
El sexto eje de la Estrategia de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral que se ha diseñado desde la Consejería, consiste en el impulso y desarrollo de la Seguridad y Salud Laboral en el ámbito rural.
El sector agrario de Castilla y León ha registrado en lo que va de año 1.298 accidentes con baja en jornada de trabajo, de los cuales 19 han sido calificados como graves y 5 han producido el fallecimiento de un trabajador. En este contexto, la reducción de la siniestralidad laboral en el ámbito rural es un objetivo inmediato y preferente en las políticas impulsadas por la Consejería.
Para poder alcanzar el objetivo de reducción de accidentes laborales de la forma más rápida y eficiente es preciso contar con las entidades locales por el gran conocimiento que tienen del ámbito rural de sus territorios y por la cooperación que suponen para el fomento del desarrollo económico y social en la planificación territorial.
El pasado miércoles, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García- Gallardo, se reunió con los representantes de las entidades locales beneficiarias de esta subvención directa, para comunicarles el compromiso que existe por parte de la Junta para reducir la siniestralidad laboral. En esa misma reunión, se habló de la importancia de la coordinación de todas las administraciones para que se pueda ejecutar el presupuesto de manera eficaz y asegurando que llegue a mayor número de ciudadanos de Castilla y León.
Con esta subvención directa que otorga la Consejería de Industria, Comercio y Empleo a las diputaciones provinciales se podrán financiar aquellas actividades que repercutan de forma directa en la mejora de las condiciones de seguridad laboral, como pueden ser la adquisición de maquinaria, el acondicionamiento de naves o el almacenamiento de productos agrícolas y ganaderos.
En concreto, la diputación de Salamanca recibirá 860.608,12 €; la de Ávila 686.630,27 €; la de Burgos 998.249,39 €; la de León 787.059,36 €; Palencia 521.320,66 €; Segovia 605.814,18 €; Soria 383.241,61 €; Valladolid 795.990,28 € y Zamora 940.986,42 €.
