El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la abstención del PP, el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras medidas, elimina las incompatibilidades entre prestaciones, permite el reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, incluye la figura del asistente personal y blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación.
El dictamen sobre el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto del PP, que se ha abstenido y de Vox, que ha votado en contra.
El Pleno también ha convalidado --con el único voto en contra de Vox-- el real decreto ley para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo, Bustinduy ha asegurado que es "la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo". Por ello, ha advertido de que no había "excusa ni disimulo" para votar en contra. "La tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación", ha insistido.
Bustinduy ha advertido de que con esta reforma se deja atrás la "mirada asistencialista o paternalista" sobre las personas con discapacidad o dependencia así como "el modelo de las macroresidencias".
"Votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad. Votar sí es que cualquier persona con discapacidad tenga al fin garantizada la tutela judicial efectiva", ha puntualizado.
Bustinduy ha añadido que "votar sí es que a las personas cercanas, aunque no sean familiares directos" sean reconocidas como cuidadoras "haciendo que al fin puedan tener también derecho a la prestación económica por cuidados".
Desde el PP, el diputado Enrique Belda ha precisado que "el problema no es el qué, ni los derechos, prestaciones o beneficios" sino "el de dónde, el cómo y, sobre todo, el hasta cuándo" y ha afeado una enmienda transaccional que dice que el Gobierno en el "plazo máximo" de "12 meses, a partir de la entrada en vigor de la ley, elaborará un estudio analizando distintas vías de financiación del sistema de la dependencia".
"Pretenden con nosotros un acto de fe", ha precisado Belda, al tiempo que ha matizado que seguirán con "mano tendida" cuando el texto pase ahora al Senado. Según han precisado a Europa Press fuentes del PP, la idea es "mejorar el proyecto de ley en el Senado, introduciendo enmiendas "para garantizar la sostenibilidad y financiación del sistema" porque quieren "decir sí" a las personas con dependencia. El PP sí ha votado a favor de ampliar la financiación estatal de la dependencia, aunque la diputada del PP Carmen Fúnez, ha precisado que no van a "convalidar" "la forma de gobernar" del Ejecutivo.
