La Sanidad pública y sus problemas fueron los temas tratados en el debate celebrado hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y cuyos participantes fueron el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, y el portavoz de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, Pablo Oyágüez.
Ambos médicos con la especialidad de Cirugía por la Universidad de Valladolid y con un brillante currículo, fueron introducidos por Regina Moreiro, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública en Salamanca, quien presentó el acto y comentó en qué consistiría el debate.
Un debate que fue inaugurado por el doctor Pablo Oyágüez, que tras agradecer al consejero por haberse prestado a acudir a este debate, recordó que en España sí hay un consenso social sobre la salud y los servicios médicos, como lo señalan los estudios, y es que es el segundo problema que más preocupa después de las cuestiones laborales.
Igualmente, aseveró que se está produciendo “un modelo del cambio sanitario sin contar con la ciudadanía”, y que se repite “una mentira”, que es hablar “de la ineficiencia e insostenibilidad” de la sanidad pública, que pese a “la brutal austeridad de los últimos años” se han mantenido datos de asistencia y de cobertura, poseyendo indicadores que lo establecen como “uno de los de mayor calidad de Europa y del Mundo”, un éxito que habría que reconocer “a los pacientes y a los profesionales” y no “por quien nos gobierna”.
Así, para el doctor, el actual se trata de un “sistema menos eficiente”, que “gasta más y es menos equitativo” que el modelo de gestión directa, y que debería de estar financiado por los impuestos para así ofrecer una “igualdad de trato y oportunidades sin depender de condicionantes”, siendo por tanto una sanidad “de todos y todas y para todos y todas”. Una idea que, para Oyágüez, comparten “personas que simpatizan con opciones políticas de izquierdas y de derechas”.
Por todo ello, el portavoz de las Plataformas cree que se crearon estas mismas, para “superar las rivalidades políticas” y dar voz “a las demandas de la sociedad” que trata de evitar “que los que gobiernan lo hagan en su cortijo particular”. En pos del “interés general y del bien común”, se busca mejorar una sanidad “que no se perfecciona, se deteriora”, ya que se están espantando profesionales a otras comunidades autónomas y a la actividad privada, finalizando con un directo mensaje a los políticos cuando afirmó que “si no saben mejorarlo, váyanse”.
Estas afirmaciones tuvieron respuesta por parte de Sáez Aguado, que recordó que el modelo de Castilla y León sigue siendo “una Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad” y que “no se ha modificado en los últimos años”. Sí que admitió que “se puede discutir si ha crecido y si se le han destinado los suficientes recursos”, pero no aceptó que se dijera que el modelo se ha empeorado con los recortes y la privatización, ya que “la gestión (del servicio sanitario) es pública”, y emplazando a un debate distinto “si hablamos de servicios auxiliares” como pueden ser la jardinería o la limpieza.
Para basar su defensa usó gráficas con datos de la Consejería de Sanidad en los que se podía observar que no sólo se han recuperado los presupuestos a niveles de 2010 y se han acabado con los recortes, sino que “han aumentado”, así como incrementando el gasto el pasado año en 555 millones de euros sobre el presupuesto.
También detalló que se habían recuperado los trabajadores, gozando hoy en día de 1.404 trabajadores por cada 100.000 habitantes, un ratio que en 2010 se reducía a 1.033 trabajadores. Además, ante la precariedad e interinidad de la que se habla, aunque coincidió en que “es importante”, es menor que otras comunidades, pese a las limitaciones sufridas por el Gobierno de España.
Respecto a las listas de espera, otro de los temas que posteriormente se tratarían, Sáez Aguado mostró que los datos son menores en Castilla y León (11,03 pacientes por 1.000 habitantes) que en España (13,43/1.000), al igual que el tiempo medio de espera, que es ligeramente inferior en nuestra Comunidad (80 días) que en el conjunto nacional (104 días). “Será mucho o poco, pero estamos mejor que en otras comunidades autónomas”, aseguró el consejero, que aseveró que “no puedo compartir discursos catastrofistas”.
Tampoco en lo referente a los recursos en términos de camas, ya que “por cada 1.000 habitantes tenemos 3,48 camas”, mientras que en España hay 2,98 camas en la misma proporción; lo mismo ocurre, según el consejero, en la privatización de conciertos, ya que sólo 3,9% del gasto total se destinó a concertar con los servicios privados, mientras que en España eso aumentó al 11,2% del total, siendo así Castilla y León “la segunda (comunidad) que menos concierta después de Cantabria”.
Eso ha hecho, matizó Sáez Aguado, que aumente la satisfacción, incrementándose en los últimos tres años (desde 2014 siempre) y gozando de un índice superior a la media de España.
Primer punto: acabar con los recortes y recuperar los presupuestos de antes de la crisis
Pablo Oyágüez, que recordó que su vocación “es la sanidad pública de mi Comunidad” y está “interesado en que mejore lo máximo posible”, admitió que si bien hemos superado el presupuesto de 2010 en euros corrientes, “si se comparan presupuestos, hay que hacerlo en euros constantes”, ya que desde entonces el IPC ha subido un 11%.
Por eso, desde las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública estiman que se han gastado 280 millones de euros menos. “Son sus datos, no los nuestros”, afirmó el portavoz, quien le espetó al consejero que “cualquiera llegará a la misma conclusión que nosotros” si observa los datos que se pueden encontrar en la página de la Consejería.
Así, en el total acumulado de los últimos años se han perdido, según afirmó Oyágüez, 3.334 millones de euros, lo que supone el presupuesto de un año de la Consejería de Sanidad, por lo que “los recortes sí que han existido”.
Esto fue contestado por el consejero, que reincidió en que “el gasto que hizo la Consejería fue 555 millones de euros superior al inicial”, y concretó que el gato no puede interpretarse en euros constantes porque “el gasto de personal no se ha visto influido”, ya que no creció hasta 2016 después de la bajada del Gobierno de Zapatero en 2010, afirmó, si bien reconoció a los profesionales la labor realizada durante todo este tiempo.
Además, ante las acusaciones del cierre del Divino Valdés, hospital burgalés, como bandera de los recortes, Sáez Aguado contestó que sólo se pone ese ejemplo en los debates que organizan las plataformas y que su clausura se debió a la construcción de un hospital nuevo, al igual que ocurrió en Valladolid.
Oyágüez quiso incidir en eso, asegurando que la construcción del HUBU “no incluía el cierre del Divino Valdés”, sólo el del General Yagüe, y que precisamente se presupuestó una comunicación entre el nuevo y el viejo hospital para tratar las 230 camas y los 8 quirófanos, así como todos los servicios de consulta, cosa que al final no se hizo. El consejero replicó detallando que se iba “más tranquilo respecto al a opinión que llegaba desde las Plataformas” si sólo podían hablar del Divino Valdés.
Segundo punto: recuperar el empleo perdido, fidelizar a los profesionales y acabar con la precariedad laboral
El doctor Oyáguez afirmó que los recortes son reconocidos por las propias empresas aseguradoras, que asumen que obtienen sus beneficios gracias a las restricciones, la austeridad y el deterioro de la sanidad pública. Y es que, además del gasto sanitario de la Junta, “hemos perdido también masa laboral”, puesto que no sólo redujeron el sueldo a los funcionarios, sino también las plantillas.
Algo en lo que coincidían las Plataformas con el sindicato CESM, que hablaba de manipulación de las plantillas orgánicas y que suponían en torno al 15% del personal, dependiendo de las categorías.
También se ha reducido “brutalmente” las plantillas en el Hospital de Salamanca, así como en la provincia, en torno al 5% tanto en Atención Primaria como en Especializada, aseveró el portavoz, recordando que además por la política de personal de la Junta “los más jóvenes acaban yéndose de Castilla y León y del sistema público”, lo que resulta una pirámide poblacional entre los profesionales de la sanidad pública, “a la inversa que en la privada”.
El consejero, que coincidió en que no comparte “la idea de precariedad y de contratos basuras”, aseguró que en Castilla y León no existen tales tipos de contratos, llegando al punto de afirmar que “si alguien me enseña un contrato de médicos contratados por horas y cosas de este tipo, me comprometo a cesar al responsable o presento mi dimisión”.
Respecto a la interinidad, achacó que ha sido el Gobierno español el que ha impedido durante años las tasas de reposición, y habló de que los contratos que se crean fuera de plantilla son integrados tras dos años, distinguiéndonos de muchas comunidades en que “hemos incorporado 480 contratos que habían sido eventuales”, incrementándose además los efectivos del Hospital de Salamanca en 75 personas.
Tercer punto: camas, listas de espera y conciertos con la sandiad privada
Fue uno de los aspectos más discutidos, ya que como recordó Pablo Oyágüez, el aumento en las listas de espera es algo “dramático para las personas que están en esa situación”, por lo que no buscó “demagogia ni salida fácil”.
Y es que, como matizó el portavoz, “desde hace años son un problema estructural” al mantenerse en el tiempo, apenas reduciéndose respecto al año pasado pero aumentando el número de días de espera.
Retrotrayéndose a datos de 2011, en la Comunidad había menos de 24.000 pacientes en lista de espera, mientras que actualmente hay más de 26.000, por lo que “no hemos recuperado la situación de las listas de espera, con sus datos, no con los míos”, esgrimió Oyágüez al consejero. Además, el número de días de espera, en Salamanca, ha pasado de 37 a 112, y cuando se produce una reducción de esos datos se debe “a la derivación a centros privados”, pese a que se acabó con la ‘autoconcertación’ que existían en los hospitales públicos.
El consejero replicó asegurando que había un pequeño error porque “se pueden elegir unas comparaciones u otras”, y repitió la idea de que “en 2016 fue el peor año en términos de lista de espera” y que, desde entonces, se ha reducido sensiblemente. Además, aseguró que el problema hay que abordarlo “con modificaciones estructurales y no tan de choque”, afirmando, eso sí, que el número de pacientes en la Comunidad en lista de espera es inferior al nacional, y es que algunos hospitales la lista está en 30 días de demora media “y es imposible bajarla más”.
A ello añadió que en los dos últimos años no se ha retribuido ninguna intervención quirúrgica a un centro privado como establece el derecho de garantía de Castilla y León, puesto que se ha promovido “una utilización más intensiva de los recursos”, llegando a haber pruebas diagnósticas por las tardes, los sábados y los domingos y quirófanos funcionando en jornada de tarde.
“Hemos puesto medidas que nos hacen tener un número de pacientes (en lista de espera) inferior que en España y que la demora media sea de 80 días en el último dato y de 104 en España”, continuó Sáez Aguado, admitiendo que es un dato mejorable y se debe mejorar pero que se está trabajando en esa dirección.
Pablo Oyágüez replicó que no existe una política vacacional, y que si se mantuviesen abiertas camas en verano se podría aliviar las listas de espera, optimizando mejor los recursos y no reduciéndolos, además, en las zonas rurales precisamente en las épocas que mayor tránsito poblacional tienen.
A ello le contestó Sáez Aguado afirmando que la ocupación media de camas en los dos últimos años en Castilla y León fue del 84% y que no se había suspendido ninguna operación por falta de camas. Además, no entendió cómo se podía plantear la idea de contratar un sustituto de verano para, por ejemplo, un neurocirujano, ya que “jugar con sustitutos de verano para aliviar operaciones complejas” no es factible.
Cuarto punto: sanidad 100% pública y modelos público-privados
El portavoz de las Plataformas, además de recordar que “no se conoce que haya evidencias científicas en que sea más eficiente o barato”, hablando de un modelo público-privado, cree que surgen “nuevos intereses en el fin asistencial” al existir un “beneficio empresarial en el modelo”.
Y es que, además, el HUBU, ejemplo de ello, ha reducido su capacidad asistencial, y para hacerlo sostenible “se cierran dispositivos que no estaban previstos”, además de doblar las cantidades estipuladas en el contrato original con una cantidad con la que se podría “contratar a gente, reducir las listas de espera, construir consultorios mejor dotados y no espantar a los profesionales para luego decir que no encontramos a nadie”. A ello se le suma que, según indicadores, este modelo cuenta con el “rechazo de la población”.
El consejero continuó convidando en que “no hay evidencia científica en que el sector privado gestione mejor la sanidad pública”, así como que “no hay que mercantilizarse con la sandidad”, siendo el modelo público-privado algo “limitado y complementario”, algo que “así lo estamos haciendo”, siendo más del 96% de la producción sanitaria pública.
Y es que Sáez Aguado aseguró que comparte la idea y la aspiración ciudadana de que “la Administración Pública gestione” la atención sanitaria y no empresas privadas, aseverando además que “el HUBU es público”, y que si costó más de lo previsto fue porque aumentó la superficie, pidiendo igualmente que no se demonicen a las empresas privadas.
Quinto punto: implementar programas de promoción de la salud en Atención Primaria
El portavoz de las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León pidió “salir del sistema de medicina de urgencia y del ‘hospitalocentrismo’”, ya que la Atención Primaria es “el pilar de nuestra sociedad”, puesto que el médico de familia es quien mejor nos conoce y sabe quiénes somos y nuestras enfermedades, por lo que es “el que mejor nos va a tratar”.
Así, no entendía que se destinase tan poco dinero, mientras que, por ejemplo, el gasto en medicamentos se encontraba por encima del de la OCDE.
Sáez Aguado objetó que en Castilla y León se destina un 2,6% del gasto mientras que “la media en España es la mitad”, y pidió comprar el gasto a nivel estatal y autonómico ya que así “se observará con nitidez que el peso que tiene en Castilla y León es superior que en España”. Además, esgrimió con datos que la nuestra es la tercera comunidad que más destina a Pediatría y la primera que más lo hace a Enfermería de toda España.
Sexto punto: atención especializada en los núcleos rurales
Pablo Oyágüez solicitó reorganizar las urgencias para “llegar a todos los habitantes de las zonas rurales”, así como potenciar la atención médica en su lugar de origen y que así no tuvieran que pagarse un taxi los vecinos o fletar un microbús, como ya ha sucedido en puntos de Castilla y León.
Porque “el medio rural necesita recursos, y hay que mantenerlo”, si bien la solución no pasa por aumentar los médicos de área, ya que con esa medida “van a desmotivar a los profesionales”, que necesitan “incentivos en la formación y en la investigación” así como en la atención sanitaria, además de formas a nuevos médicos, ya que “si no, no habrá relevo”.
El consejero replicó afirmando que era difícil contestar porque “ha hecho usted un batiburrillo de temas”, y recordó que “los datos son los datos”, por lo que la Atención Primaria se parece más a otra Comunidad y en el ámbito rural se ha conseguido bajar los ratios de los pacientes asignados a cada médico, pese al problema territorial importante que existe y a la falta de medio, un problema “no sólo de Castilla y León, también de otras comunidades”
Además, aseguro que “ha habido una malísima planificación” en las necesidades de los médicos y de reposición de plantillas, algo que habría que corregir a nivel nacional puesto que el MIR es un sistema estatal, y también coincidió en que la antigüedad de los vehículos en los que se transportan los sanitarios por estos medios “hace más que recomendable su renovación”.
Por último, Oyágüez dio visibilidad al problema que sufren los territorios limítrofes que están “muy alejados de sus hospitales de referencia” y que acuden a otras comunidades ante urgencias que les surgen, pidiendo la puesta en marcha de convenios ya que estos pacientes “se merecen un trato similar”, a lo que el consejero contestó que ya había convenios en 8 de los 9 territorios limítrofes de la Comunidad.
