La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha anunciado este jueves que su departamento ha ofrecido impartir la educación gratuita de 2-3 años a 682 centros públicos y privados de Castilla y León con el objetivo de atender a 12.800 alumnos potenciales en un tramo educativo, recordó, que no es obligatorio. En todo caso, sostuvo que todos ellos estarán sostenidos con “fondos públicos” e informó de que 103 necesitarán acometer obras de acondicionamiento tras la revisión de los técnicos. Además, el proceso podría suponer la contratación de entre 300 o 400 personas.
Lucas dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de este escenario, anunciado el pasado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que el Gobierno autonómico destaca la “importancia de la educación” desde esta edad para contribuir a “la socialización y desarrollo afectivo de los pequeños”, además de que la OCDE afirma que los alumnos que “asisten a educación infantil tienen mejores resultados en el informe PISA que los que no lo hacen”. En este sentido, recordó que desde el principio su departamento ha querido contar con todos los centros que tenían “esta experiencia” porque las familias “han confiado en ellos estos años”, tanto los públicos de los ayuntamientos, Junta y pymes.
“Queremos que los padres puedan elegir con total libertad”, expuso Lucas, quien enumeró que se trata de cuatro tipos de centros: los públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que asumen ahora este tramo de edad; los dependientes de la Junta; los gestionados por las entidades locales; y los centros privados, casi todos pymes. “Con esta red nos aseguramos que haya plaza para todos los nacidos en 2020 y puedan elegir el que más les interesa”, subrayó.
De los 682 centros, 406 son de carácter público y 276 privados, que cumplen todos los requisitos de espacios, ventilación, iluminación, accesos y personal decretado en la normativa. De los primeros, 240 son de titularidad de ayuntamientos y 166 de la Junta. Aún con todo, remarcó que todo el servicio “está financiado con fondos públicos”. También indicó que al menos 103 necesitan acometer obras de acondicionamiento tras la revisión de los técnicos y tras el “exhaustivo estudio” de las direcciones provinciales de Educación, con lo que se prevé que llegarán aptos para el inicio de curso en septiembre.
Lucas señaló que entre 15 y 20 centros privados han quedado fuera del proceso porque no cumplían la normativa y les emplazó a adecentar otro espacio o instalaciones, o en el futuro “adaptar” la contratación de personal si es ese el problema para volver a concurrir en el proceso.
Por el momento, se encuentra abierto el proceso de admisión desde el 18 de abril hasta el 12 mayo, para después adjudicar las plazas en junio y la posterior matriculación, pero ya “con criterios únicos” que coordinará la Consejería mediante una aplicación informática. Solo cuando se registren más solicitudes que vacantes se producirá un desempate que tendrá en cuenta rentas y valores como la proximidad, entre otros.
Contratación de personal
En cuanto al personal, avanzó que la negociación se encuentra en un punto abierto con los sindicatos, en la Mesa de Laborales, de la que ya se han celebrado dos reuniones, si bien admitió que existirá una ratio de docente por unidad en zonas rurales y otra en urbana, como ocurre con la etapa de de 3 a 6 años. Al ser, según la normativa, titulados en Educación Infantil y pertenecer “unas horas” al Cuerpo de Maestros, Lucas estimó una contratación de entre 300 y 400 personas gracias a esta nueva aplicación.
En todo caso, significó de nuevo que se trata de un modelo financiado por la Junta, ya que la Administración autonómica traspasa los fondos que requieran a los ayuntamientos y pymes “para pagar las nóminas”, además de las 136 propias de la Junta. Sobre este reparto, la consejera consideró que a día de hoy es “difícil” de calcular porque el proceso está abierto y se desconoce “dónde se matriculará cada uno”.
Sin embargo, reconoció que las retribuciones distinguirán entre trabajadores de la Administración regional, con su propio convenio colectivo, y el de los ayuntamientos y pymes, “con lo que será un tema de relaciones laborales”. En todo caso, existe “un porcentaje de módulo que se abonará a cada una de las unidades educativas que participe en el proceso”.
Por último, remarcó que el objetivo es “mirar por el interés general y atender el servicio y la calidad de los alumnos” y aseguró que no le consta el “malestar” de las asociaciones, tanto de centros públicos como privados. “Será positivo para las familias. Y a la Junta le toca buscar el equilibrio para un sector fundamental como es la educación”, concluyó.
