Las emisiones de gases de efecto invernadero descendieron un 27,6 por ciento en el horizonte temporal de la Estrategia para el Cambio Climático 2009-2020 de Castilla y León, y un 36,1 por ciento respecto a 1990, datos que colocan a la Comunidad como la tercera que más redujo los gases en 30 años, según constató el informe de fiscalización sobre este documento, elaborado por el Consejo de Cuentas.
El informe analiza 64 actuaciones y medidas de la estrategia, trabaja en el que revela que en su implementación “faltó coordinación, seguimiento y estimación presupuestaria”, a la que vez que el Consejo de Cuentas recomienda a la Junta de Castilla y León disponer de un marco legislativo propio que ordene las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. También, recomienda a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio crear la Oficina de Lucha contra el Cambio Climático para diseñar, seguir y controlar las futuras estrategias.
Sin embargo, señala el Consejo de Cuentas, la Estrategia ha permitido “preservar el empleo y la mejora de competitividad de la economía castellana y leonesa”. Por ejemplo, pese al descenso del 10 por ciento en el consumo de energía final en el periodo 2009-2019, el PIB autonómico registró un incremento del nueve por ciento y mejoró la ratio de eficiencia energética.
El trabajo, que sitúa al Consejo de Cuentas entre los órganos de control externo pioneros en el análisis de esta materia junto a los de Valencia, Canarias y Andalucía, pone de relieve que la Comunidad “contribuyó positivamente a la reducción de las emisiones a nivel nacional”, ya que respetó “holgadamente” el compromiso asumido a nivel comunitario e internacional (20 por ciento respecto a 1990), cumpliendo uno de los objetivos generales.
La fiscalización se centra en una muestra de 64 medidas y actuaciones especialmente relevantes de las más de 500 que recoge la planificación autonómica. Una comisión diseñó simultáneamente la planificación frente al cambio climático y la de desarrollo sostenible, estableciéndose un seguimiento común para ambas a pesar de que sus horizontes temporales eran diferentes (2009-2020 para la primera y 2009-2014 para la segunda). A esta segunda se le otorgó una mayor importancia sobre la primera, ya que de hecho la Oficina Regional de Lucha contra el Cambio Climático no llegó a ser constituida a lo largo de su horizonte temporal de ejecución.
A diferencia de otras instituciones, en Castilla y León “no se ha efectuado una declaración de emergencia climática subrayando el compromiso firme de la Comunidad en la lucha contra el cambio climático y tampoco se ha comenzado a elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático”.
Con relación a la implementación del plan contra el cambio climático, de las 64 medidas y actuaciones seleccionadas en la muestra estudiada, 15 fueron ejecutadas en su totalidad (23 por ciento), 12 parcialmente (19), 24 no fueron ejecutadas (38 por ciento) y de 13 no se pudo obtener información sobre su ejecución.
Dadas la ausencia de coordinación, seguimiento y control del despliegue de la estrategia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no pudo conocer el grado de ejecución real a lo largo de su horizonte temporal ni los recursos presupuestarios destinados a la misma.
Del seguimiento y balance, solo consta la publicación de un documento sobre el periodo 2009-2014, sin que la estructura y contenido de la estrategia hayan sido objeto de revisión. Con relación a la eficacia, la caída de las emisiones de gases de efecto invernadero brutas totales entre 2009 y 2020 se produjo por una “paulatina minoración de la emisión en los llamados sectores difusos” -agrícola, residencial, comercial e institucional- y, sobre todo, por el relevante retroceso en las emisiones en los sectores industriales comprendidos en el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión.
La significativa reducción de las emisiones fue ocasionada por la importancia que tuvo el descenso de las centrales térmicas que usaban el carbón para producir electricidad. Al mismo tiempo la producción de electricidad en Castilla y León se mantiene “prácticamente constante”, pues la energía que se dejó de generar por los cierres de la central nuclear de Garoña y de las térmicas de carbón fue sustituida por el auge de las fuentes renovables, que en 2020 representaban ya el 87 por ciento del total, el porcentaje más alto a nivel autonómico.
El consumo de gas natural se incrementó un 1,7 por ciento en la Comunidad entre 2009 y 2020 y en cuanto al resto de los productos energéticos procedentes de combustibles fósiles se ha retrocedido, cumpliéndose el objetivo específico del Plan de Mitigación del sector energético de reducir la dependencia energética.
Ausencia de inventario propio
El informe recoge que la Consejería no ha desarrollado un inventario propio de sumideros de carbono y que pese a ello Castilla y León es la que más ha incrementado la superficie forestal, cumpliendo el objetivo general de aumentar la capacidad de absorción de dióxido de carbono por parte de las formaciones vegetales y los ecosistemas para reducir las concentraciones de ese gas en la atmósfera. Finalmente, se cumple el objetivo general de compatibilizar la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la preservación del empleo y la mejora de la competitividad de la economía castellano y leonesa.
El Consejo realiza siete recomendaciones, entre ellas que la Junta debería, al igual que han hecho otras administraciones, concluir la tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se dispondría así de un marco legislativo propio en el que el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos a nivel nacional sea el objetivo principal.
También, el área de Medio Ambiente, en colaboración con las consejerías con competencias en la materia, “debería elaborar una nueva estrategia para el horizonte 2030” e iniciar los trabajos necesarios para elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático.
En coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda, recomienda crear dentro de la estructura funcional de los presupuestos autonómicos un programa específico destinado a la ejecución de las medidas y actuaciones previstas en las mismas, lo que posibilitaría identificar los recursos presupuestarios aplicados y analizar su economía y la eficiencia.
Igualmente, insta a Medio Ambiente a crear la Oficina de Lucha contra el Cambio Climático para poder participar en el diseño, seguimiento y control posterior de las nuevas estrategias, en su revisión y adaptación, y en la propuesta de nuevas actuaciones o medidas compensatorias y correctoras de las posibles deficiencias detectadas. Por último, debería desarrollar dos inventarios propios al margen del Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero, uno sobre emisiones de gases de efecto invernadero y otro sobre sumideros de carbono.
