En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha lanzado un contundente llamado a la acción: el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe ser una herramienta eficaz en la detección, atención y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia. Para lograrlo, los expertos instan a establecer la formación y capacitación obligatoria del personal sanitario en esta materia.
Los epidemiólogos han emitido un documento de posicionamiento que declara la violencia contra las mujeres como una "emergencia de salud pública y una violación sistemática de los derechos humanos". Las cifras respaldan esta alarma: una de cada tres mujeres se ve afectada a lo largo de su vida, con graves consecuencias a corto y largo plazo para su salud física y mental. A nivel global, en 2023, al menos 51.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja o familiares, y España ha documentado más de 1.300 feminicidios desde 2003, generando una alta carga asistencial, judicial y social.
La SEE subraya que la violencia tiene raíces estructurales y patriarcales, y advierte sobre el peligro de "políticas regresivas", como el uso de términos atenuantes o la limitación de derechos sexuales y reproductivos. Estas acciones, aseveran, aumentan la letalidad y el deterioro de la salud de las mujeres.
Para combatir este flagelo, la SEE reclama una respuesta multisectorial e interseccional. Además de nombrar correctamente la situación, utilizando 'violencia de género' o 'violencia contra las mujeres', exigen asegurar el acceso efectivo a la anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Fundamentalmente, abogan por una atención sanitaria integral con enfoque de género y trauma, que incluya el cribado oportunista y circuitos asistenciales claros, reforzada con la capacitación obligatoria del personal en temas como interseccionalidad, confidencialidad y violencias digitales. Finalmente, demandan una prevención primaria con programas comunitarios y escolares orientados a la igualdad y la educación afectivo-sexual.
