La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha convocado del 10 al 21 de diciembre una nueva huelga por "incumplimiento" del incremento retributivo del complemento específico aprobado en la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado.
"Estamos convencidos de que esto se tiene que solucionar sí o sí porque la razón la tenemos de nuestra parta y simplemente es aplicar y ejecutar", ha señalado el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, quien ha anunciado que están preparando una nueva convocatoria "por si hiciera falta".
Además, el presidente de Asextra ha apuntado que están "sopesando" convocar una manifestación para el día 10 de diciembre, día en el que comienza la huelga, en Madrid. "Es un problema nuestro pero los efectos colaterales afectan a autoescuelas y a los ciudadanos en general. Haremos un llamamiento a todos", ha dicho.
"Esta huelga es diferente a la de años anteriores. El ciudadano de a pie se ha dado cuenta de que esto es una cabezonería. No entendemos nada", ha subrayado Jiménez, destacando que tiene "confianza plena" en que el Gobierno ejecute el incremento retributivo y que espera que haya sido un "problema administrativo".
La aprobación del incremento retributivo del complemento específico del colectivo examinador se recoge, según apunta Asextra, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, aprobado el pasado 3 de julio.
El colectivo examinador asegura que ha demostrado "paciencia, honestidad, profesionalidad y lealtad" con la Administración, así como "respeto y sensibilización" para los profesores de Formación Vial, sector empresarial de autoescuelas y con el ciudadano en general.
Por ello, la asociación, en representación del colectivo examinador de la Dirección General de Tráfico, pide "el mismo respeto y honestidad" y que, para evitar una nueva huelga, se ejecute "ya" lo aprobado en los Presupuestos "por ser de justicia".
Posición de las autoescuelas
La Asociación Provincial de Autoescuelas Salamanca, por su parte, manifiesta que insta al Gobierno a cumplir los acuerdos aprobados en las Cortes Generales del Estado.
"Ni la sociedad española en su conjunto, ni las escuelas de conductores como sector particularmente afectado, pueden sufrir las graves consecuencias de un retraso administrativo que conllevaría la huelga convocada por los representantes del colectivo examinador".
"Solicitamos que el Gobierno lleve a cabo todos aquellos trámites oportunos de manera inmediata, para solucionar esta situación qué puede traer gravísimas consecuencias para los centros de formación de conductores que representamos, así como para los ciudadanos de este país, de demorarse aún más en el tiempo, dado que ya tuvieron que soportar en el pasado año una huelga de muchos meses de duración".
De hecho, aseguran que de no solucionarse, las consecuencias pueden llegar a ser "drásticas y llevar a la ruina a un sector que todavía no ha superado los problemas generados en la convocatoria pasada de huelga", según afirma el presidente provincial, Luis Rodero, que también pide unos servicios mínimos "de manera inmediata e ineludible" en el caso de concretarse la huelga.
