La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Junta de Castilla y León que realice un seguimiento exhaustivo a los empleados públicos que han sido vacunados, contra la Covid-19, con el lote ABV5300 de AstraZeneca, y que luego fue retirado preventivamente por supuestas deficiencias, “para asegurar que no se produzca ningún efecto grave, como procesos trombóticos y otros que pueden producirse, según se ha comprobado”.
Un seguimiento que debería extenderse también a todos los empleados públicos que hayan sido vacunados con esa marca. Algo que se hace ya imprescindible, según CSIF, tras anunciar el Gobierno de España la suspensión temporal de la aplicación de todos los viales de esa farmacéutica “por precaución”, durante 14 días, sumándose así a la decisión de una docena de países europeos, a la espera de que la Agencia Europea de Medicamentos investigue y compruebe los efectos adversos detectados en una treintena de europeos, y se garantice la seguridad de esa vacuna.
CSIF explica que la decisión de la suspensión llega tras evidenciarse que algunas personas, de diversos países (incluida España), han sufrido un mismo tipo de trombo de unas características muy poco frecuentes, a las que les une el hecho de haber sido inyectada la vacuna de AstraZeneca.
El sindicato independiente, aunque no conoce el número exacto de viales que se han aplicado del lote más polémico, el ABV5300, sí tiene constancia de que se han inyectado a empleados públicos en Ávila, concretamente a bomberos y policías nacionales y locales; en Valladolid, a los policías locales; o a los funcionarios de prisiones de varios centros penitenciarios de la Comunidad (Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia).
No obstante, en todas las provincias han sido inyectadas vacunas de AstraZeneca a distintos colectivos de empleados públicos, de hasta 55 años, de las fuerzas de seguridad (Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil), o de colectivos como prisiones o educación; si bien los vacunados no saben si corresponden al lote paralizado inicialmente. Por ello, CSIF aconseja a los empleados públicos vacunados con esa farmacéutica que comprueben en su hoja de vacuna -si la tienen- o en la aplicación ‘Sacyl conecta’ el lote de la vacuna que les ha sido suministrada, o en su defecto que pregunten a Sanidad. “La Consejería y Sacyl deben informar de la vacuna que han puesto a cada uno de los empleados públicos”, remarca CSIF.
El sindicato insiste en que quedan muchas preguntas en el aire que la Junta debe aclarar y sobre las que informar con transparencia, “ya que existe mucha inquietud”. Por ejemplo, si se va a aplicar la segunda dosis, también con AstraZeneca, o incluso con el lote paralizado; o si se puede realizar aplicar la segunda dosis con otra farmacéutica.
CSIF también quiere saber si la Junta se ha planteado hacer pruebas de coagulación, reconocimientos médicos y seguimientos a los vacunados con el lote supuestamente defectuoso de AstraZeneca, para vigilar posibles efectos secundarios relacionados con la vacunación; o si van a facilitar bajas, cuando se muestren efectos leves pero persistentes.
El sindicato pregunta a la Junta si la suspensión temporal de AstraZeneca, o la reducción de la llegada de vacunas de otras farmacéuticas, va a poner en riesgo la planificación de la programación de la vacunación en la Comunidad, y alargarla en el tiempo. Insiste en que Sanidad informe “con claridad, de las consecuencias de la suspensión de la vacunación con AstraZeneca; y exige “agilidad” y “eficacia” en la gestión de la vacunación esencial y prioritaria de las decenas de miles de empleados públicos de Castilla y León, “que pone en peligro no solo la protección contra el Covid-19 para estos trabajadores, sino también la inmunidad colectiva o de rebaño”.
