La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y a los consejeros de Presidencia, Sanidad y Educación, Ángel Ibáñez, Verónica Casado y Rocío Lucas, respectivamente, en el que solicitan que “no se cese a ningún empleado público en abuso de contratación temporal, porque estarían infringiendo el derecho de la UE que exige exactamente lo contrario, su estabilización”.
La organización critica que la Junta está incumpliendo la directiva del trabajo de duración determinada y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, “convocando con celeridad los procesos selectivos que incluyen las plazas ocupadas por personal temporal en abuso de temporalidad”.
La plataforma explica, en un comunicado recogido por Ical, que el pasado 3 de marzo se debatió y aprobó en las Cortes de Castilla y León, instar al Gobierno de España a tomar las medidas oportunas para “la necesaria regularización y el reconocimiento de todo el personal que, durante años, ha venido prestando servicios estructurales, de manera altamente profesional y eficiente pero sin una relación estable, de carrera, mediante la habilitación de un articulado que permita estabilizar empleo a todos aquellos con los que se tiene tal deuda”.
Al respecto, lamentan que mientras el Gobierno nacional no avanza en dar una solución a los empleados públicos, el Ejecutivo de la Junta de Castilla y León “sigue adelante con las convocatorias de oposición libres de las ofertas públicas de empleo de 2017 y 2018, ante la presión de Gobierno y sindicatos”.
En este sentido, sentencian que “siguen sin entender que, según la Constitución Española, los que accedimos a la Administración Pública, lo hicimos superando procesos selectivos que cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Asimismo, recalcan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma en una sentencia que los procesos de selección no son una medida recogida en la directiva para el personal público en abuso de temporalidad; y lo que se debe establecer es una sanción a las administraciones que han abusado”.
Así, exigen que no se cese a ningún empleado público temporal en castilla y león sin que se inspeccione para determinar si los afectados responden a la “mala praxis” de la Administración, hasta que se adopte una solución nacional acorde con la justicia europea.
“Esto redundará en beneficio, no solo de los trabajadores y sus familias, sino también en beneficio de la propia Administración y de todos los castellanos y leoneses como usuarios de las Administraciones públicas de nuestra Comunidad”, resumen.
