El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, han mantenido un encuentro este viernes en Valladolid, en el que la consejera ha informado a los responsables de área del PP en la comunidad, de las políticas sociales llevadas a cabo desde el Gobierno autonómico.
En la reunión, Fernández Mañueco se ha reafirmado en la idea de que el Partido Popular debe seguir liderando las políticas sociales, “para hacer frente a los grandes retos como el envejecimiento de la población o el riesgo de exclusión social de personas”, mediante planes, programas y medidas de protección e inclusión que sean eficaces. Mañueco explicó que el PP “se debe a las personas de esta tierra y principalmente a las que tienen más dificultades, por eso somos sinónimo de garantía en la política social”.
Tras la visita del consejero de Fomento el pasado 22 de noviembre, Alicia García es el segundo miembro del Gobierno regional que acude a la sede del PPCyL para explicar la labor de su departamento. Un encuentro que se enmarca en el compromiso del presidente Autonómico del Partido de incrementar el contacto entre los cargos institucionales y las bases del Partido, para explicar la gestión de los cargos públicos de la Junta de Castilla y León.
Retos de futuro en los Servicios Sociales de Castilla y León
En su intervención, Fernández Mañueco destacó dos grandes retos. El primero de ellos derivado de la situación demográfica, con el envejecimiento de la población. Según explicó, el destacado trabajo realizado desde la Junta de Castilla y León en la implantación del sistema de atención a la dependencia es un buen punto de partida, pero añadió que queda mucho por avanzar, por ejemplo, “para agilizar y simplificar trámites o para mejorar la atención en el medio rural con la teleatención”.
“El segundo de los grandes retos”, continuó Fernández Mañueco, “está vinculado a las situaciones de pobreza y de riesgo de exclusión social derivadas de diversos factores”. En este punto, consideró que la reciente crisis económica ha llevado las administraciones a incrementar la red de protección social y lo ha hecho impulsando la colaboración y la coordinación entre las propias administraciones y el tejido social, y entre los agentes públicos y los agentes privados, subrayando también la importancia del Diálogo Social.
En este contexto, ha valorado la importancia de contar con un Acuerdo Marco para el periodo 2017-2010 que cofinancia los servicios sociales en la Comunidad con 317 millones de euros. Un convenio sin igual en España, que da estabilidad a los programas y servicios y, también, garantías de financiación a las corporaciones locales, tanto a los Ayuntamientos como a las Diputaciones Provinciales.
Para el Presidente del PPCyL, esto también es un buen punto de partida para desarrollar servicios de más calidad, más modernos e innovadores, que alcancen con agilidad a la población de todo el territorio. “Hablamos de bienestar en Castilla y León, de calidad de vida de las personas y de servicios que lleguen a todos: hablamos de políticas del Partido Popular”, concluyó.
Papel fundamental de las corporaciones locales en la eficacia y eficiencia del sistema
Por su parte, la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha resaltado que uno de los elementos definitorios del Sistema de Servicios Sociales que resultará esencial para afrontar los retos que se le presentan a Castilla y León, es precisamente el papel fundamental que las corporaciones locales desempeñan en la prestación de estos servicios de proximidad en todo el territorio. Una circunstancia que precisamente reconoce y pone en valor el último Informe DEC, que analiza el índice de desarrollo de los Servicios Sociales en España, y que señala que el modelo de Castilla y León está a la cabeza del país por aspectos como la descentralización y el protagonismo local en la prestación de servicios, que le dan eficacia y eficiencia al sistema.
García ha señalado que en la apuesta por atender las necesidades de las personas, una de las piezas claves del modelo es que todos los prestadores de Servicios Sociales forman parte de un único sistema bajo la responsabilidad de la Junta de Castilla y León: ‘Unidad de criterio, unidad de acción y con funciones compartidas para llegar a toda la población de forma ágil, homogénea y sin duplicidades, en un sistema en el que no se habla de competencias aisladas, sino de funciones organizadas en un proceso para dar servicio; liderazgo de la gestión por parte de la Comunidad Autónoma pero trabajo absolutamente participado y coordinado con las corporaciones locales”.
En este contexto se ha resaltado la importancia del nuevo Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales 2017-2019, aprobado hace unas semanas por la Junta de Castilla y León y que, con 317 millones de euros en tres años, va a financiar a los profesionales de los Servicios Sociales y también los 20 programas, servicios y prestaciones que prestan las corporaciones locales en la Comunidad, que se integran en el Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Este nuevo Acuerdo Marco se estima que beneficiará directamente a unas 200.000 personas.
La Consejera ha destacado que el Acuerdo Marco incorpora una serie de novedades que refuerzan su eficacia y eficiencia para llegar a más personas y con mejores servicios. En primer lugar ha destacado que se trata del mayor importe de financiación del Acuerdo Marco en toda su historia, con 317 millones de euros y un 8,35 % de incremento respecto al Acuerdo anterior.
En segundo lugar ha destacado que por primera vez su vigencia es de tres años, lo que dota de mayor estabilidad a los programas y servicios que presta y da garantía de financiación estable a las corporaciones locales. Junto a esto se ha señalado que las cuantías de 2018 y de 2019 son cuantías mínimas garantizadas, que podrían incrementarse en función de la disponibilidad presupuestaria.
En tercer lugar, el Acuerdo implica un destacado refuerzo de profesionales ya que permitirá a las corporaciones locales incrementar sus plantillas en 92 profesionales. De esta forma la Junta financia un total de 1.220 profesionales de Servicios Sociales de las corporaciones locales lo que, sumado a sus propios profesionales, supone contar con más de 1.300 profesionales atendiendo este ámbito.
