La Junta de Castilla y León ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, una reforma integral que reemplazará la legislación vigente desde 2003. Esta iniciativa nace del consenso entre administraciones, cuerpos policiales y agentes sociales, y responde a la evolución del papel de las policías locales en un entorno cada vez más complejo y exigente.
El texto legal, elaborado tras más de dos décadas de vigencia de la normativa anterior, ha sido objeto de un amplio proceso de participación. En su elaboración han intervenido cinco grupos de trabajo sectoriales y se han recogido 44 aportaciones a través de consulta pública. Además, cuenta con el aval del Consejo de Cooperación Local, el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Castilla y León.
Principales novedades del anteproyecto
El nuevo marco normativo introduce medidas clave para la modernización del servicio policial, entre las que destacan: mejora de las condiciones de prestación del servicio, mayor seguridad jurídica en aspectos tradicionalmente controvertidos, homogenización de criterios y procedimientos, impulso a la carrera profesional y mejora del estatuto personal del personal policial, promoción de procesos selectivos unificados en todas las categorías, con el fin de racionalizar el gasto público, en coherencia con la naturaleza especializada y armada del colectivo, la ley prohíbe las contrataciones laborales o interinas, y se aplicará exclusivamente al personal funcionario de carrera de los cuerpos de policía local.
Promoción, movilidad y protección social
Uno de los aspectos más innovadores es la flexibilización del régimen de promoción y movilidad, alineada con las recomendaciones del Procurador del Común. Se introduce la movilidad horizontal mediante concursos de mérito, y se incluyen medidas específicas de protección para mujeres policías embarazadas o en periodo de lactancia, reforzando así la dimensión social y de igualdad de la normativa.
El anteproyecto se alinea con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Ley de Bases del Régimen Local, garantizando el respeto a la autonomía municipal mientras se refuerza la coordinación autonómica.
