El Foro de la Familia, en palabras de su presidente, Ignacio García Juliá, ha expresado su rechazo al 'Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa' que la Consejería de Educación ha trasladado a los centros educativos.
"Deploramos profundamente que la Junta de Castilla y León se apresure a implantar un protocolo en las escuelas para colgarse medallas entre el colectivo LGTBI pasando por encima de los derechos de los padres y los niños", analiza García-Juliá. "Los menores que sufren por su identidad sexual merecen todo el respeto y deben ser acompañados y defendidos frente a cualquier tipo de discriminación o agresión por este motivo. La escuela es, por supuesto, fundamental para educar en los valores del respeto, la tolerancia y la solución de los conflictos mediante el diálogo, no para imponer a los niños una visión particular de la sexualidad".
"Las iniciativas recogidas en el texto son inadmisibles al atentar contra derechos fundamentales de los padres y los mismos menores, fomentando la intromisión de los poderes públicos en el ámbito privado y usurpando funciones parentales. Por ejemplo el obligar a unos padres a recibir tratamiento psicológico para aceptar la supuesta orientación sexual de un menor, mientras que el caso contrario está penalizado por las Leyes LGTBI vigentes y pronto lo estará en la región tras la aprobación de una norma de estas características", denuncia el presidente.
"Decimos 'supuesta orientación sexual' porque no hay ninguna evidencia científica irrefutable que asegure que un niño en proceso madurativo tiene claro algo tan importante para su desarrollo personal. Es más, según un estudio reciente del Colegio Americano de Pediatras, el 90% de los menores que se identifica con el sexo contrario al suyo vuelve a sentirse identificado con el propio pasada la pubertad. Con este tipo de iniciativas, se estaría condenado a estos niños de forma irreversible".
Para el Foro de la Familia, el protocolo atenta contra el derecho a la intimidad de los menores, al abogar por la implantación de baños mixtos en los centros, imponiendo los derechos de una minoría frente al resto de los alumnos, y pueden favorecer otro tipo de situaciones y acosos entre los menores.
Por último, continúan, "el presente protocolo privilegia a las asociaciones LGTBI, que recibirán contraprestaciones económicas por impartir charlas y realizar actividades en las escuelas a la vez que se presenta una visión particular de la sexualidad como la verdad absoluta".
