Frente al pacto fiscal suscrito recientemente por los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León Podemos, Izquierna Unida-Equo, PSOE y los sindicatos UGT y CCOO, el procurador salmantino Salvador Cruz ha defendido este martes en la ciudad un "modelo fiscal progresivo", que continúe implementando "beneficios fiscales" como, ha aludido, la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y que establece una nueva deducción autonómica en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que consiste en el 15 por ciento de las cantidades que destine el contribuyente a la adquisición de un vehículo eléctrico puro, vehículo eléctrico con autonomía extendida, o de vehículo híbrido enchufable con autonomía en modo eléctrico de más de 40 kilómetros, con un límite de 4.000 euros en el importe de la deducción y siempre que no se afecte a actividades profesionales.
El procurador salmantino se ha referido al modelo fiscal que ha pactado la izquierda para Castilla y León como un "infierno fiscal", frente al que el Partido Popular propone un "modelo fiscal progresivo, justo, que garantice la calidad de los servicios que presta la Junta y que continúe implementando beneficios fiscales", como ha señalado, y entre los que incluye la nueva deducción fiscal autonómica.
Además, Salvador Cruz, que ha aclarado que esta nueva deducción se sumará a las 51 existentes en Castilla y León, ha recalcado que la aplicación de esta nueva deducción persigue "incentivar" la adquisición de este tipo de vehículos en Castilla y León, fomentando una "transición razonable hacia una menor utilización de combustibles fósiles reduciendo las emisiones de CO2 y otras contaminantes en consonancia con la decisión del Consejo Europeo de 2014, que aprobó para 2030 el objetivo de reducir el 40 por ciento de los gastos efectos invernadero".
Con el objetivo de poner negro sobre blanco y dejar claro que la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Popular tiene muy poco, o nada, que ver con la futura prohibición de la venta de coches diésel y gasolina adelantada por Pedro Sánchez, ha subrayado que la deducción pretende "potenciar una transición justa en materia energética", aunque, en ningún caso, "sustentada en las prohibiciones como parece que quiere plantear el gobierno del PSOE en España y un infierno fiscal al que nos quiere someter la izquierda en la Comunidad de Castilla y León, como han puesto de manifiesto con la firma de ese pacto fiscal, entre los sindicatos, IU, Podemos y Partido Socialista".
Salvador Cruz ha reivindicado la deducción de hasta 4.000 euros como una medida "eficaz, razonable y sensata, que contrapone con el anuncio efectuado por el Gobierno de España que pretende acabar con la venta de vehículos propulsados por combustibles fósiles a partir de 2040", una iniciativa que el procurador considera "irracional, alejada del sentido común y enmarcada en una radicalización de las propuestas en materia de transición energética, que compromete la actividad que genera la cuarta parte del Producto Interior Bruto industrial de Castilla y León, primera Comunidad en producción de vehículos en 2017, y que pone en riesgo más de 50.000 empleos en nuestra Comunidad".
"Es una disparate más, que perjudica seriamente a la economía de Castilla y León y que desgraciadamente se une al anticipo del cierre de las cuatro centrales térmicas de Castilla y León, el cierre de las explotaciones mineras, de la explotación de hidrocarburos de la Lora y el injusto reparto de los fondos Miner, decisiones todas ellas caprichosas que perjudican a Castilla y León", ha añadido, antes de afirmar que "este es un gobierno que no piensa en el interés general y que legisla contra esta tierra" y que "cuando gobierna la izquierda lo hace contra los intereses de esta tierra y sus gentes, y lo hace con la complicidad de un Partido Socialista de Castilla y León silente, cómplice y cooperador necesario con todas estas medidas".
La convocatoria también ha sido aprovechada para informar sobre los datos de vehículos no propulsados por combustibles fósiles en Castilla y León. A comienzos de año, existían 7.917 vehículos, de un parque de 1.800.000, esto es, el 0,44 por ciento. En 2016, se vendieron en Castilla y León 79 vehículos y en 2017, 163 vehículos eléctricos puros. En relación a los híbridos, en 2016 se vendieron 1.019 unidades y en 2017, 1.964.
MEJORA DE FINANCIACIÓN PARA PYMES
La Proposición de Ley en materia de mejora de financiación para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) surge para dar continuidad al Plan de Crecimiento innovador que persigue que las empresas situadas en la Comunidad Autónoma ganen tamaño, de forma que, según ha asegurado el procurador salmantino, "es más fácil salir al mercado exterior y crean empleo a la vez que afrontar situaciones de crisis".
Tras explicar que la iniciativa comenzó en 2017 con una dotación, prácticamente agotada, de 75 millones de euros, esta proposición aspira a dar continuidad a este Plan, modificando la Ley de Presupuestos, con la incorporación de un nuevo apartado, y permitiendo su aprobación concertar al Instituto para la Competitividad Empresarial una operación de crédito por importe máximo de 30 millones de euros.
Además, ha recalcado que la iniciativa se suma a otras "tan exitosas como la Lanzadera de Empleo que ha supuesto en Castilla y León una inversión superior a los cuatro millones de euros y una creación y mantenimiento de empleo de 169.873 puestos de trabajo. En Salamanca, estas cifras se traducen en 982 solicitudes, casi un 10 por ciento del total por un importe de 316 millones de euros, financiándose en nuestra provincia 862 solicitudes.
