Uno de los temas que más ha afectado al Gobierno de España desde los meses de octubre y noviembre ha sido la sanidad concertada que estaba en duda para 11.000 salmantinos y salmantinas, donde se había creado una gran incertidumbre entorno a lo que iba a ocurrir con su seguro médico, sin saber si finalmente tendrían la tan deseada cobertura concertada.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal con sede en Madrid habría calificado hace unas semanas de “ineficiente” a algunas entidades como Muface, Isfas y Mugeju debido a que gran parte de los asegurados podían disfrutar tanto de la cobertura que ofrecen esta como de la propia Seguridad Social. Ante esto, algunos funcionarios no han duda en criticar duramente esta medida y la han calificado de “insolidaria”.
Según ha hecho público Redacción Médica, algunos de los empleados públicos han declarado, también, que el hecho de tener sanidad ‘privada’ puede llegar a ser perjudicial para el sistema de salud, en donde las consultas leves se hacen en cualquiera de los centros sanitarios privados mientras que las consultas graves se realizan a través de los estaremos públicos.
Asimismo, gran parte de estas quejas han venido motivadas por la gran incertidumbre que se ha creado con el modelo de Muface, en donde se han tenido que realizar varias licitaciones al respecto hasta que el Gobierno de España han aceptado algunas de las condiciones tanto de los sindicatos como de las aseguradoras, provocando que algunas como DKV se olviden complementante de los asegurados para dar paso a Adeslas y Asisa en solitario.
Por otro lado, cabe destacar que sindicatos como CSIF han defendido en todo momento este modelo sanitario debido a que “desatasca y evita listas de espera en la Sanidad Pública”, en la que consultas menores “se realizan por la privada” y evitan de este modo que “se colapse la Seguridad Social”.
A pesar de que se llegó a un acuerdo el pasado mes de febrero, marzo ha sido incierto, tanto por la espera de que se firmase todo el papeleo como por la nueva etapa que se alargará hasta 2027 sin saber qué es lo que ocurrirá tiempo después. De este modo, se espera que en el futuro vuelva a haber los mismos problemas que hasta ahora, en la que el diálogo será la única vía a seguir de cara a que se puedan lograr negociaciones fructíferas que no pongan en riesgo la salud de los empleados públicos.
