Ganemos Salamanca señala directamente al alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, como principal responsable del problema sin resolver de exceso de edificabilidad del centro comercial El Corte Inglés.
La agrupación de electores considera que, “o se está con la plantilla y la ciudadanía, velando por el interés general, o se está con los intereses de una sociedad mercantil”. Así lo manifestó la portavoz, Virginia Carrera, que añadió que “en contra de lo que quiere transmitir Fernández Mañueco a la opinión pública, no se trata de una cuestión de buenos o malos, sino de una cuestión de legalidad”, aseguró.
En esta línea se manifestó también el concejal Gabriel Risco. Dijo que “el Ministerio de Defensa ha reconocido reuniones a tres bandas con la Junta de Castilla y León y con el Ayuntamiento. Información que el alcalde ha ocultado a la oposición y a la ciudadanía. La propuesta del alcalde ni cuenta con la conformidad de la Junta de Castilla y León, que es quien la tiene que aprobar definitivamente, ni es cierto que el Ministerio no pida indemnización por el cambio de calificación de sus terrenos. Es al contrario, ha dicho expresamente que ha pedido al Ayuntamiento indemnización. El Alcalde ha ocultado información y ha mentido”.
Respuesta de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
En relación con las declaraciones realizadas por los concejales de Ganemos, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León cree conveniente precisar que su papel institucional en materia de urbanismo no consiste en “ponerse de acuerdo” con el Ayuntamiento de Salamanca, ni sobre la solución a los problemas de los terrenos ocupados por El Corte Inglés y su entorno, ni sobre ningún otro aspecto de la política urbanística local.
Explica que el urbanismo es una competencia esencialmente local, como establece la legislación aplicable, y las demás administraciones públicas tienen competencias tasadas, que la Junta de Castilla y León aplica en clave de colaboración y apoyo a la labor municipal.
"Carece por lo tanto de sentido decir la Junta de Castilla y León negocia o no ve clara una propuesta urbanística municipal, para empezar porque ningún representante de esta Administración ha dicho tal cosa. Pero sobre todo porque la Junta de Castilla y León no tiene competencias para ello", añade.
Puntualiza la Junta que solo en el caso de que una propuesta urbanística municipal requiera una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que afecte a la ordenación general, será necesaria la intervención de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el trámite de aprobación definitiva. Hasta que llegue ese momento, cualquier intervención de la Consejería lo es a título de colaboración, apoyo y asesoramiento, siempre que sea así solicitado por el Ayuntamiento.
