Ganemos Salamanca considera que la nueva política sobre vivienda debe estar basada en la participación ciudadana y el consenso político, con el fin de establecer un plan estable con medidas a corto, medio y largo plazo. Para redactar este plan, es necesario, dicen, la inclusión del funcionariado público (PMVE y otros), organizaciones sociales como Cáritas, Cruz Roja, Salamanca Acoge, Stop Desahucios o ASDECOBA; así como FEVESA o representantes del sector inmobiliario, como promotoras, arquitectos, agentes de la propiedad inmobiliaria y otros.
Así, Ganemos propone la rehabilitación de viviendas y la regeneración de los barrios. “Esta política que debería llevar a cabo el PMVE no beneficiaría como la actual a cuatro empresas constructoras, si no a decenas de pequeñas empresas formadas por autónomos y cuadrillas, lo que mejorarían los ingresos de las PYMES quienes crean empleo, con el fin de mejorar la calidad de las viviendas en peor estado de las familias con menores recursos, la accesibilidad de los edificios o la eficiencia energética, mejorando la calidad de un parque absolutamente saturado por la burbuja inmobiliaria y además creando empleo, absorbiendo a buena parte del tejido hundido por la crisis del sector”, consideran.
De igual manera, proponen un Plan de ampliación del parque de viviendas municipal. “Ganemos Salamanca proponemos el diseño de un ambicioso plan, similar al desarrollado por el Ayuntamiento de Barcelona, para que en 10-20 años podamos contar con ratios que nos pongan a niveles europeos, pues existen 3.000 viviendas vacías en manos de los bancos en nuestra ciudad puestas a la venta, según TINSA, de una estimación general de más de 30.000 desocupadas en nuestra provincia”, aseguran.
Finalmente, proponen aumentar el presupuesto para ayudas para el alquiler y los colectivos beneficiarios, así como imponer impuestos a las viviendas vacías en manos de las entidades financieras, fondos buitres y otras personas jurídicas desconectadas de la provincia, facilitar el asesoramiento integral a propietarios y arrendatarios, para mejorar la información de las partes, favorecer el establecimiento de contratos-marco para dar seguridad jurídica a los alquileres, implementar mecanismos de protección de los propietarios por desperfectos e impagos, así como otras garantías y establecer desgravaciones fiscales por alquiler de vivienda.
