La sostenibilidad del sistema de pensiones es y será un quebradero de cabeza en una sociedad cada vez más envejecida y que requiere generar ingresos para mantener la solidaridad intergenracional sobre la que se basa.
La ecuación no es nada fácil toda vez que la brecha entre lo que se recauda y las necesidades de financiación es cada vez mayor y se hace más patente en los territorios con más problemas demográficos como Castilla y León. El principio de caja única en España es el pilar solidario que lo sostiene.
Y es que la subida de las pensiones del 8,5 por ciento aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el año pasado, sumada al aumento de los pensionistas y un descenso en las Cotizaciones Sociales elevaron el déficit del sistema en la Comunidad, hasta los 4.844,55 millones de euros, una cifra récord, que supera en 995,69 millones el dato del año anterior, cuando había podido evolucionar a la baja.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indica en sus cifras de cierre del ejercicio, recogidas por Ical, que el gasto en pensiones en la Comunidad, se situó el año pasado en máximos históricos de 9.724,37 millones de euros, que representan un crecimiento del 10,4 por ciento en comparación al dato de 2022. De los 617.138 pensionistas que había cuando comenzó el año, se concluyó con 623.973, es decir, 6.835 más en la nómina.
Por su parte, los ingresos (con las cifras provisionales para ambos ejercicios), ascendieron en 2023 a 4.879,81 millones de euros, un 1,7 por ciento menos que en 2022, un año en el que habían aumentado un 12,7 por ciento. Así, si en 2022, el agujero del sistema de pensiones en Castilla y León bajó hasta los 3.848,86 millones (-4.066 en 2021), en 2023 se disparó un 25,8 por ciento.
Con una afiliación media el año pasado de 955.400 personas en Castilla y León, los ingresos medios por trabajador se situaron en 5.193 euros, cuando hubiesen sido necesarios 9.221 euros, es decir, a través de las cotizaciones sociales de trabajadores de la Comunidad, se aportó solo el 56 por ciento del gasto en pensiones.
Provincias
Un análisis territorial da idea más al detalle de la magnitud de la situación y de la necesidad de sostener la solidaridad entre los contribuyentes, entre los ciudadanos vivan donde vivan. Los gastos en pensiones crecieron a dos dígitos en la mayor parte de las provincias, encabezando las subidas Segovia y Soria, donde se incrementaron un 11,5 y un 11,2 por ciento, respectivamente, hasta los 515,63 y 340,14 millones.
Burgos registró una nómina de 1.583,4 millones de euros, con una subida del 10,9 por ciento; y Ávila de 515,59 millones y Palencia, de 694,78, con aumentos del 10,7 por ciento en ambos casos. Asimismo, el desembolso en estas prestaciones alcanzó los 2.105,61 millones en Valladolid y los 1.159,3 millones en Salamanca, con alzas del 10,4 y 10,2 por ciento, respectivamente. Por último, en Zamora costaron 602,08 millones de euros, un 9,9 por ciento más; y en León, 2.207,79, la provincia con mayor desembolso, donde crecieron un 9,6 por ciento.
En cuanto a los ingresos, la merma fue generalizada, en Soria (204,49 millones de euros), bajaron un 3,8 por ciento; en Zamora (274,16 millones), un 3,6 por ciento; en Valladolid (1.195,07), un dos por ciento; en León (845,54), un 1,6 por ciento; en Burgos (850,31), en Salamanca (610,6) y Segovia (303,24), un 1,4 por ciento, en ambos casos; en Palencia (335,02), un 1,3 por ciento; en Ávila (261,35), un 0,7 por ciento; y en Segovia (610,6), un 0,5 por ciento.
Así, el déficit del sistema estuvo encabezado por la provincia leonesa, donde los gastos en pensiones superaron a los ingresos por cotizaciones sociales, en 1.362,24 millones de euros, seguida por Valladolid, con un agujero de 910,53 millones, y Burgos, con otro de 733,09. Asimismo, el déficit en Salamanca se situó en los 548,7 millones de euros; en Palencia, en 359,75; en Zamora, en 327,92; en Ávila, en 254,24; en Segovia, en 212,39; y en Soria, en 135,65.
