En el caso de Salamanca, se han presentado 6.326 solicitudes válidas y, de ellas, sólo el 15% han sido aprobadas, un total de 1.002. Además se han denegado otras 1.181, un 18%. El porcentaje, por tanto, de las solicitudes que se han resuelto es del 34%, contando aprobadas y denegadas.
En el caso de España, un total de 486.824 de estas peticiones no han sido estudiadas todavía. Mulet ya reprochó al ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, que abandonase la prepotencia y asumiera la necesidad de coordinarse con las comunidades autónomas como la valenciana para que este tipo de prestaciones tuvieran el máximo número de beneficiarios posibles.
Mulet ha recordado las palabras de Escrivá, cuando nada más lanzar la propuesta de IMV ya delimitó la posibilidad de gestión directa de la prestación a vascos y navarros. “Esto fue un insulto grave, diferenciando de nuevo entre CCAA de primera, segunda y tercera cuando todos tienen transferida la competencia. Finalmente, lo que nos temíamos está ocurriendo: la administración partía de cero, no tiene medios humanos, datos ni mecanismos, podrían generarse duplicidades que acaben perjudicando a las personas por haber enviado tarde y mal los protocolos y no ha sido hasta después del caos cuando se han abierto a la cogestión con las CCAA del IMV”.
Precisamente el Senado aprobó el pasado mes en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con una única abstención una moción de Compromís en la que se insta al Gobierno a unificar procedimientos como la Renda Valenciana d’Inclusió y el Ingreso Mínimo Vital para agilizar la tramitación a la ciudadanía.
Para ello, “se tendrán en cuenta la existencia de rentas mínimas autonómicas y sus competencias en política social y desde el abordaje de la resolución de las cuestiones específicas que afecten a cada territorio, con la transferencia de los fondos para su gestión (entendida como una encomienda de gestión) a efectos de unificar los procedimientos y agilizar la tramitación a la ciudadanía”, rezaba el texto aprobado.
El Senado instó al Gobierno a que, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo y partiendo del compromiso compartido entre todas las Administraciones e instituciones de lucha contra la pobreza y las desigualdades, pusiera en marcha los mecanismos de colaboración y seguimiento para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, “con el fin intensificar las relaciones de cooperación, mejorar la eficiencia en la gestión de esta prestación, así como facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, mediante la asistencia recíproca y el intercambio de información”.
Los datos aportados ahora, detallados por provincias, ahondan más en la necesidad de avanzar en esta vía de colaboración. “Escrivá ha demostrado su inutilidad total para gestionar en IVM, hay miles y miles de familias esperando se tramite su ayuda, con las CCAA estarían ya resueltas”, ha concluido el senador Mulet.
