El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de este martes la ‘Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)’, que cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 1.323 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus y de los fondos de recuperación europeos comprometidos en una serie de actuaciones hasta el año 2027 e implica un viraje hacia un modelo de cuidados "personalizados y de proximidad”.
Así lo anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a dicha reunión, en la que defendió que se trata del “inicio de una revolución en el modelo de cuidados en España” que se “apoya” sobre la “premisa muy sencilla” de que el futuro “no pasa por construir más macro residencias”, sino por “poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su casa, en su barrio, en su pueblo, con sus seres queridos todo el tiempo que desee”.
“Cuando le pregunta a la ciudadanía española cómo desea envejecer, más del 90 por ciento responde que quiere permanecer en su casa”, agregó, para explicar que, con esta estrategia, “de lo que se trata es de hacer posible ese deseo articulando un modelo de cuidados personalizados y de proximidad” a través de herramientas como la teleasistencia, la atención a domicilio, los centros de día o los recursos para “poder favorecer el desarrollo de una vida autónoma”.
A este respecto, reivindicó que se trata de “un ecosistema de prácticas y de recursos de apoyo que permitan vivir más tiempo y en mejores condiciones en el domicilio, manteniendo el arraigo y, por tanto, una mayor calidad de vida y la libertad de elegir” y detalló que la estrategia “aterrizará” mediante planes operativos bianuales que son realizados de manera "conjunta" con las comunidades autónomas, adelantando que el borrador del primero "está ya muy avanzado" y que hasta 12 comunidades autónomas “están participando de él”.
Bustinduy puntualizó que en España se calcula que un diez por ciento de la población “requiere de cuidados para su bienestar y el mantenimiento de la vida” y que hasta un 70 por ciento de esa carga de trabajo la asumen las familias, lo que, a su juicio, “quiere decir que la siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres”, algo que, lamentó, “incide negativamente en todas las brechas de género que persisten en nuestro país”.
Más necesidades
Para el ministro, “teniendo en cuenta” el cambio demográfico en España, “porque cada vez vivimos más años, porque las familias cada vez son más pequeñas, porque hay muchos ciudadanos que deciden tener menos hijos o no tenerlos", esas necesidades de apoyos y de cuidados "solo van a aumentar en el futuro”. “Y, por tanto, la necesidad de contar con un sistema de cuidados que sea más eficiente, más racional y más humano debe ser una prioridad para los poderes públicos”, sentenció.
En este contexto, estimó que la “brújula” debe estar en que ese sistema “esté centrado en los deseos, preferencias y necesidades de los usuarios” y subrayó que el cambio del modelo de cuidados “tiene tres patas”, la primera de las cuales y, a su entender, “la más importante”, es la propia estrategia, que, dijo, es “el modelo, el horizonte, tener claro cuál es la dirección que se debe transitar”.
La “segunda pata” tiene que ver, según el titular de Derechos Sociales, con la financiación y, en este punto, hizo hincapié en que, en la legislatura pasada, el Gobierno de coalición “hizo un esfuerzo presupuestario inédito, histórico” para aumentar hasta en un 130 por 100 la contribución de la Administración General del Estado a la financiación del sistema de la dependencia “tras una década de recortes”.
“Vamos a continuar con esa senda”, abundó, para indicar que el acuerdo de Gobierno prevé alcanzar el 50 por ciento de la contribución al total de la financiación del sistema por parte de la Administración General del Estado, si bien juzgó “muy importante que esos recursos vayan destinados a este cambio del modelo”.
Trabajo
Asimismo, especificó que la “tercera pata” es “la pata del trabajo, es decir, la pata de quienes proveen los cuidados, de quienes cuidan en España”, que, aseveró, “son en más de un 80 por ciento mujeres y en más de un 40 por ciento mujeres migrantes” y que realizan este trabajo “esencial para la sociedad” en unas condiciones salariales y socioprofesionales “que no están a la altura de la importancia de su labor”.
“Sus salarios oscilan entre un 40 y un 60 por ciento menos que la media salarial en España y, por tanto, es esencial que, a través del diálogo social, hagamos un trabajo no solo de mejora de las condiciones salariales en el sector de los cuidados, sino de valorización social, de darle el lugar que le corresponde a esta tarea imprescindible para la sociedad”, apostilló.
En paralelo, concretó que, con anterioridad a la aprobación de esta estrategia, el Ejecutivo ya destinó un total de 160 millones de euros a proyectos piloto en este ámbito, que incluyen la domotización de viviendas, la accesibilidad, la asistencia personal, recursos de transición a una vida autónoma o el ‘cohousing’.
“Es decir, toda una serie de experiencias que nos han permitido acumular conocimiento y saber y poder evaluar prácticas alternativas al sistema de cuidados residencial que tenemos ahora mismo, conocimiento sobre el que queremos apoyar esta transición en los años que vienen”, señaló, consciente de que “todas las personas hemos cuidado o vamos a cuidar de algún ser querido en algún momento de la vida y todos y todas necesitaremos también ser cuidados” y de que “el bienestar y la calidad de vida en esos momentos no puede depender de la renta o de la familia que tenga cada cual”.
Comunidades
Por último, precisó que esta estrategia “busca en última instancia asegurar que esos derechos se hagan realidad y que todos y todas podamos cuidar y ser cuidados como deseamos” e incidió en el “papel evidentemente crucial” de las comunidades autónomas en el desarrollo de esta estrategia, puesto que “han participado en todas las etapas” de elaboración de la misma, que ha incluido un proceso participativo en el que intervinieron más de 12.000 personas.
“Todo aquel que tiene conocimiento de la realidad del sistema de la dependencia y del modelo de cuidados en España coincide en las líneas maestras y generales recogidas en esta estrategia. Más allá de matices y pequeñas diferencias, existe un formidable consenso social en España y la labor y tarea y responsabilidad que tenemos por delante es traducir y cristalizar ese consenso social en cambios normativos y así está siendo”, resolvió.
Fuentes del departamento de Bustinduy puntualizaron que la estrategia, que se articula a través de tres planes operativos, es una propuesta "amplia y ambiciosa" que pretende superar la actual “cultura asistencialista” en esta área, que puede suponer un “gran hito” y que convertirá a España en “punta de lanza” y “pionera” hacia ese cambio de modelo.
Por otra parte, recordaron que en España hay más de 300.000 personas que viven en más de 22.000 centros residenciales y que la estrategia se dirige a “cuatro colectivos concretos”, como son los de personas mayores, personas con discapacidad, infancia y adolescencia en el sistema de protección y personas sin hogar.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quiso “resaltar” en la misma rueda de prensa que se trata de “un asunto de gran trascendencia” para España, teniendo en cuenta que, "en estos momentos, el 20% de la población española son personas de más de 65 años”, y advirtió de que, “con estos datos y con nuestra propia pirámide poblacional, lógicamente estos porcentajes van a ir en aumento”.
