El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impondrá nuevas obligaciones para combatir el 'spam' telefónico. Según anunció este lunes el ministro Pablo Bustinduy, se introducirá un cambio normativo mediante el cual las compañías telefónicas estarán obligadas a bloquear las llamadas comerciales que no hayan sido consentidas previamente por los usuarios.
En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, Bustinduy detalló que se presentará una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC). Esta modificación exigirá que las empresas identifiquen sus llamadas comerciales con un código numérico específico. Aquellas llamadas de empresas que no utilicen dicho código serán bloqueadas por las operadoras telefónicas.
Adicionalmente, Consumo promoverá otra enmienda para que los contratos suscritos a través de llamadas telefónicas no consentidas sean declarados nulos. Las empresas también deberán renovar cada dos años el consentimiento explícito del usuario para poder seguir recibiendo este tipo de comunicaciones comerciales.
Estas medidas se suman a otras enmiendas a la Ley SAC, propuestas por Consumo e impulsadas por Sumar y PSOE, que se hicieron públicas la semana pasada y buscan reforzar la protección de los consumidores en diversos ámbitos:
- Control de suscripciones: Para evitar renovaciones automáticas no deseadas, las empresas deberán comunicar con quince días de antelación la fecha de renovación de servicios o suscripciones contratados online, facilitando la baja si el usuario así lo desea.
- Lucha contra reseñas falsas: Solo se podrán publicar reseñas online en los treinta días posteriores a la compra de un bien o disfrute de un servicio, garantizando que reflejen una opinión real y reciente. Esta medida busca combatir la compraventa de reseñas, práctica ya prohibida. Las empresas tendrán derecho a réplica y podrán solicitar la eliminación de reseñas si acreditan su falsedad (por ejemplo, demostrando que el autor no fue cliente o que el contenido es inveraz).
- Transparencia en precios: Los gastos de gestión y otros costes adicionales deberán estar incluidos en el precio final ofertado desde el inicio del proceso de compra online. Esto evitará que las empresas presenten precios desglosados o añadan costes inesperados al final, como sucede a menudo con entradas para eventos o billetes de transporte.
Con este paquete de reformas, el Ministerio de Consumo pretende ofrecer mayores garantías y protección a los ciudadanos frente a prácticas comerciales invasivas o poco transparentes.
