El Gobierno prescindirá en marzo de los 1.500 trabajadores/as contratados para reforzar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a pesar de que este organismo solicitó al Ministerio de Trabajo que prorrogara sus contratos durante todo el año 2021.
Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, en una entrevista con Carlos Herrera (Cope), tras alertar de que el SEPE necesita con urgencia más personal para gestionar tanto la avalancha de ERTEs como del resto de prestaciones.
Explicó que, en los últimos diez años, como consecuencia de las políticas de recortes, el SEPE ha perdido 3.400 efectivos y cuenta ahora con cerca de 8.000 trabajadores, de los que un 30% son trabajadores temporales, una cifra totalmente insuficiente para atender a la ciudadanía.
Borra ha puesto en valor el trabajo de las plantillas de este organismo, que han atendido a más de 8 millones de ciudadanos en 2020, a pesar de que desde el Gobierno han demostrado que “no tienen una apuesta clara por el SEPE”.
El presidente de CSIF-sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado- resaltó, además, el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados/as públicos españoles para afrontar las necesidades derivadas del temporal y la pandemia.
Añadió que situaciones como “la pandemia o el temporal nos muestran la importancia de tener un sistema público sólido que garantice las prestaciones y servicios a los ciudadanos”. Sin embargo, apuntó que las necesidades “han puesto al descubierto las costuras del sistema tras años de recortes”.
Administración, en mantillas
El presidente de CSIF considera que “la administración está en mantillas” como sucede por ejemplo en la Sanidad donde hay 3 camas por cada mil habitantes, frente a las 5 de la media de la Unión Europea o las 8 de Alemania. “Lo urgente tapa lo importante. Hay que tener un sistema capaz de soportar las necesidades de los ciudadanos”, recalcó.
Según explicó, esta situación afecta, junto a la Sanidad, a todos los ámbitos de las administraciones públicas como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, la Educación, la Justicia, Prisiones…
En este sentido, lamentó que pese a la labor y las dificultades que afronta este colectivo, “se le cuestiona hasta una subida salarial mínima del 0,9 por ciento”. Por ello, los ciudadanos no ven las administraciones públicas como una salida profesional y “cuando hemos querido contratar más médicos y enfermeros nos hemos encontrado con que no hay”.
Así, recordó que en los últimos diez años, los grupos A1 (médicos, profesores de instituto, etc) han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 53.000 euros (equivalente a trabajar 18 meses gratis), un A2 (enfermero, maestro, entre otros) 40.000 euros (15 meses gratis) y un C1 (policía local o funcionario de prisiones) han perdido el equivalente a 13 meses
Igualmente, Miguel Borra insistió en la necesidad de reforzar las plantillas con 106.000 plazas a nivel general en los próximos tres años y en el caso de la Sanidad se ha planteado al Gobierno un plan a 10 años para crear 280.000 trabajadores.
No obstante, Borra también ha puesto en valor la capacidad de gestión de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, valorando la conveniencia de que sustituya a Salvador Illa al frente de la cartera de Sanidad, dada su experiencia estos meses de pandemia en las diferentes reuniones de coordinación.
