La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este viernes en Madrid entre el Ministerio y las comunidades autónomas aprobó la distribución de los créditos presupuestarios para el año 2022 destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, por importe de 46,2 millones de euros. Estos fondos se transferirán con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Del importe total, corresponden a Castilla y León cerca de siete millones de euros, lo que representa un 15 por ciento del total.
Los criterios utilizados para la distribución del crédito han sido una cuantía fija de un millón de euros por provincia; la insularidad, que representa el dos por ciento del crédito; las mujeres de 16 y más años, un 15 por ciento; y la dispersión de la población, un 4,21 por ciento del crédito. Los proyectos financiados con cargo a este crédito deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2023.
Este importe se suma a los casi tres millones de euros transferidos, con cargo a este mismo programa, en la anualidad 2021. El dinero se destinará a la creación y mejora de centros en los que se facilitará atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de violencias sexuales, a sus familiares y personas del entorno.
También se ha aprobado la distribución del crédito de 800.000 euros, correspondiente a la anualidad 2022, para la formación especializada de profesionales en materia de la prevención y la detección de la explotación sexual en menores, de los que corresponden a la Castilla y León 53.340 euros.
La reunión sirvió para dar el visto bueno al protocolo para la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y explotación sexual aprobado, que recoge varias de las observaciones realizadas por la Junta de Castilla y León al texto original y que pretenden dotar al documento de mayor garantía de protección a las víctimas. De esta manera, las víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Comunidad podrán acceder a recursos sociales básicas competencia del Estado.
Un comunicado de la Junta señaló que estas mujeres ya tienen acceso a los recursos sociales de competencia autonómica a través de la Red General de Atención a Víctimas de Violencia de Género o de la Red de Prostitución y Trata en el caso de mujeres en situación administrativa irregular, aunque el nuevo protocolo del Ministerio permitirá el acceso, en la Comunidad, a recursos estatales. El texto del protocolo ha recogido también la aportación de que sean solo organismos y entidades públicas las competentes para acreditar esta circunstancia, limitando esta posibilidad a las entidades privadas.
La directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Victoria Moreno, agradeció al Ministerio de Igualdad la sensibilidad mostrada con las aportaciones realizadas en materia de Violencia de Género por la Comunidad de Castilla y León durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Madrid.
En otro punto del orden del día del pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, se aprobó una recomendación para que el Ministerio de Igualdad inicie los trámites necesarios para la firma de un protocolo de traslado y retorno de las víctimas españolas de violencia contra las mujeres en el exterior. En este sentido, Moreno reiteró las aportaciones técnicas realizadas con anterioridad, recogidas en el documento de análisis. El Ministerio de Igualdad adopta esta fórmula de recomendación tras haber trabajado un primer borrador con las comunidades autónomas, ya que para la repatriación de la víctima es necesario contar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación.
El objeto del protocolo es establecer las pautas de coordinación y criterios comunes para la ordenación del proceso de retorno de las ciudadanas de nacionalidad española víctimas de violencia de género en el exterior tras experiencias que ponen de manifiesto la descoordinación y la falta de criterios homogéneos para efectuar la repatriación. En el mismo, se recogen las pautas a seguir desde las oficinas consulares hasta la comunicación a las unidades de Violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. A partir de ahí, se apunta la constitución de grupos de trabajo, en cada caso, para abordar la valoración psico-social de la víctima, establecer sus necesidades de atención y protección y buscar respuesta a ellas a nivel autonómico.
En este aspecto, se recoge la posibilidad planteada por Castilla y León de que el grupo de trabajo sea sustituido en esta Comunidad por las comisiones de Seguridad constituidas en el marco del Protocolo de Actuación conjunta entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno para la coordinación en Violencia de género en esta Comunidad -firmado el 16 de octubre de 2020-, que en cada provincia estudiarán el caso y las posibilidades de dar respuesta a las necesidades de la víctima.
Aunque se consideran oportunas las propuestas realizadas por Castilla y León de incorporar a la víctima en el sistema Viogen desde su identificación para determinar su nivel de riesgo en origen y en destino, así como partir de una valoración psico-social inicial para determinar los recursos y servicios que necesita, no se incluyen en el texto del protocolo.
No obstante, el protocolo final solo tendrá carácter de recomendación puesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha paralizado el propuesto por el Ministerio de Igualdad, dejándolo en una “recomendación”. Así, exige la suscripción de este protocolo de forma bilateral por parte de las comunidades con el citado Ministerio tal y como se ha informado en este punto del orden del día.
Por último, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Igualdad, lo que supone una actualización de las referencias a los órganos administrativos que actualmente forman parte del pleno y una mejora en su funcionamiento, destacando la previsión de reuniones telemáticas que, durante el período de la pandemia, han puesto de manifiesto que dotan de mayor flexibilidad y capacidad operativa a este órgano.
