Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo (TS) de tumbar el toque de queda que la Junta de Castilla y León impuso a las 20:00 horas no se van a hacer esperar mucho. Una veintena de empresarios hosteleros de Salamanca han iniciado los trámites para presentar una demanda conjunta contra el Gobierno regional al considerar que el cierre durante de un mes a las 20:00 horas les ha supuesto importantes perjuicios patrimoniales.
Tal y como ha indicado el abogado Fernando Javier López Álvarez, de SOS Abogados a SALAMANCA24HORAS, el grupo de hosteleros se ha dirigido a su bufete para reclamar las correspondientes indemnizaciones. López Álvarez afirma que SOS Abogados está recogiendo documentación de hosteleros que quieran sumarse para presentar esta reclamación conjunta ante la Junta por el perjuicio que les ha supuesto el cierre, que ahora el Supremo ha considerado que no se ajusta a derecho.
Estos no son los únicos pleitos que se están llevando a cabo contra los toques de queda. De hecho, según este abogado, el bufete se encuentra recurriendo sanciones que se han puesto debido a todas las restricciones impuestas durante la pandemia por el Gobierno de España. "Antes de esta decisión del Tribunal Supremo nosotros ya estábamos recurriendo este tipo de sanciones porque consideramos que atacan un derecho fundamental de las personas, que es el de la libertad de circulación", cuenta. "Y recurrimos porque existen importantes criterios de magistrados que establecen que efectivamente el Gobierno no puede multar por este derecho, y que la orden dada es, por lo tanto, ilegal", explica López Álvarez.
En el caso de las denuncias presentadas contra la Junta, el abogado indica que su bufete se está aunando al mismo criterio que ha tenido la Abogacía del Estado para recurrir el toque de queda de las 20:00 horas en Castilla y León, "el criterio de entender que ese toque de queda no es en absoluto legal". En cuanto a los recursos que están interponiendo por las sanciones de las restricciones impuestas por el Gobierno de España, desde el bufete aseguran que atentan a todas luces contra la Constitución Española. "La realidad es que, en todos los casos de sanciones que hemos recurrido, el resultado hasta el momento está siendo que no ha llegado ninguna resolución ni confirmación de multa", cuenta.
En el caso que atañe a los hosteleros, desde SOS Abogados afirman que la reclamación contra el Gobierno por el cierre de negocios es una medida gubernamental que carece de la solvencia para entenderse como necesaria. "Es decir, para que a mí me cierren el negocio me tienen que acreditar que, efectivamente, es necesario hacerlo porque existe un interés general que me obliga a cerrarlo. Sin embargo, si el Estado no me facilita ningún informe que avale que sanitariamente esta medida de cierre es imprescindible y necesaria, automáticamente pasa a ser una medida caprichosa".
