La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que está trabajando en un decreto, que verá la luz "en breve", para regular la publicidad de las apuestas 'online' con limitaciones similares a las que se imponen al tabaco. Además, el Ejecutivo tiene en cartera otras medidas para obligar a los operadores de estos juegos a informar sobre juego responsable y quiere invertir parte de la recaudación por la tasa por la gestión administrativa del juego en campañas de prevención de la ludopatía.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso durante esta pasada semana, en respuesta a una interpelación que le ha dirigido la diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón, la ministra ha explicado que su departamento ya ha trasladado al Consejo de Estado el borrador de la esta nueva regulación.
Ahora la propuesta tendrá que ser revisada para incluir los nuevos puntos pactados por el Ejecutivo con los de Pablo Iglesias sobre esta regulación de las apuestas 'on line' en los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. Montero ha garantizado que el texto se adaptará a las "nuevas aportaciones" y que estará listo "en breve".
Como el tabaco y el alcohol
El objetivo es introducir "limitaciones" en la publicidad" de los juegos de azar, principalmente, de las apuestas 'online', homologables a las que ya rigen con productos como el alcohol y el tabaco. Entre las más destacadas están su prohibición durante el horario infantil en los medios de comunicación, su presencia en eventos deportivos en los que puedan participar menores o la participación de rostros conocidos para su promoción.
Estas medidas llegarán años después de que el PP intentara, en 2015 y 2017, poner límites a estos juegos, aunque nunca llegó a materializarse una regulación. Desde entonces, y tal y como han recordado la ministra y Castañón, ha aumentado el número de personas adictas a estas apuestas, sobre todo en menores de 26 años, así como las casas de apuestas en los barrios más desfavorecidos de las ciudades.
"Coincidimos en el diagnóstico", ha declarado la diputada 'morada', después de que ambas políticas hayan dado cifras similares sobre la situación de España en los últimos años.
Sin embargo, la portavoz del grupo confederal ha mostrado su preocupación porque se den por buenas algunas medidas ya existentes y que, a su juicio, se están dejando en manos de los operadores, es decir, de los "interesados" en este negocio, como son la verificación de la identidad de los clientes o la puesta en marcha de medidas para la información y la prevención.
Verificación de los jugadores
Según ha explicado la responsable de Hacienda, la normativa actual abunda en la prevención de los menores y los incapacitados legalmente y es obligatorio el uso de mecanismos de acreditación de la identidad del usuario. Los operadores tienen, incluso, acceso a los datos del Ministerio del Interior (para comprobar DNI y NIE) en tiempo real. Sin embargo, Castañón señala que estos sistemas se utilizan sólo para el cobro de las apuestas y no para controlar a los jugadores.
La diputada ha reclamado al Gobierno que esta verificación se pueda hacer desde el principio y que se tenga en cuenta la posibilidad de que haya gente, preferentemente adolescentes, que pueda obtener los datos de los documentos de otras personas y acceder al juego.
En este sentido, Montero ha reconocido que la normativa "necesita avanzar" y "profundizar" en los nuevos escenarios. Así, también ha destacado la intención del Gobierno de incentivar entre los operadores del juego las políticas de responsabilidad social corporativa que contemple el juego "como un fenómeno complejo" y "persiga prevenir y, en su caso, reparar los efectos negativos que puedan tener lugar".
Del mismo modo, ha señalado que desarrollarán una regulación que obligue a los operadores a elaborar un plan de actuación que incorpore las reglas básicas del juego responsable, con especial referencia a la protección de consumidores y grupos de riesgo; y con la obligación a desarrollar algoritmos para detectar comportamientos de riesgo en el juego.
"Queremos que la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores se destine, en un porcentaje de la recaudación, a iniciativas preventivas, ayuda asociaciones que informan sobre juego responsable y a campañas de sensibilización y reparación de los efectos negativos del juego", ha concluido.
