Los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad, junto con los gobiernos autonómicos, han alcanzado un acuerdo histórico a nivel estatal para mejorar la Atención Temprana y reducir drásticamente los tiempos de espera. El objetivo principal es garantizar que los menores de 6 años reciban una atención de calidad y gratuita en un plazo máximo de 45 días desde la detección del caso en riesgo.
Este acuerdo, plasmado en una 'hoja de ruta' de calidad común para todas las Comunidades Autónomas, fue aprobado en una conferencia multisectorial en la que estuvieron presentes Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Mónica García, ministra de Sanidad. El documento se estructura en nueve líneas de acción con medidas concretas y 36 estándares de calidad.
La implantación completa de estas medidas está prevista para el año 2030, y se realizará de forma gradual, coincidiendo con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). En el marco de este plan, se distribuirán fondos a las comunidades autónomas para impulsar la implementación de las medidas contempladas en el Consenso Estatal.
"Habrá una evaluación cada cierto tiempo para ver cómo va implementándose en las comunidades autónomas. Y ya en 2030 tienen que estar perfectamente operativas en la red de atención temprana, tal y como se estipula en el acuerdo", señalan fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
Además de establecer el tiempo de espera máximo, el acuerdo busca mejorar la calidad de las actuaciones y servicios de atención temprana, implementar sistemas eficaces de coordinación interadministrativa, promover la prevención primaria, garantizar la valoración e intervención integral, desarrollar equipos profesionales y formación continua, y optimizar los sistemas de información y registro.
Se establecen indicadores de desempeño para evaluar el grado de desarrollo de los compromisos y su adaptación a las necesidades del sistema. El Grupo Técnico de Atención Temprana realizará un seguimiento bienal de la implantación de las medidas, y en 2030 se llevará a cabo una evaluación final.
Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es garantizar los tiempos de espera en la franja de edad de 0 a 6 años, "una etapa crucial y crítica" para el desarrollo infantil. El plazo de 45 días fijado coincide con la referencia de la Garantía Infantil Europea (GIE), una recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada en 2021.
Desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las graves consecuencias que puede tener para los niños la falta de un sistema público de atención temprana de calidad, como comprometer sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas o ver limitadas sus oportunidades de inclusión.
Además, inciden en que "la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía". Esto, añaden, "provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades para estos niños, y para sus familias".
El acuerdo también contempla que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana y que cuenten con una normativa específica que regule la materia, estableciendo mecanismos de coordinación y compartición de documentos e historias clínicas.
El sistema debe interconectar los departamentos implicados en el proceso, como equipos de atención primaria, profesorado y profesionales de los servicios sociales, y establecer las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad.
Se recogen medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando los procesos a la realidad de cada niño y su familia, con la que se establecerá un diálogo permanente. Se apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños (el hogar, el parque, etc.) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.
El acuerdo incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre las comunidades autónomas con cargo al Fondo Social Europeo Plus, para que los menores tengan un acceso adecuado a la atención temprana independientemente de su lugar de residencia y de sus circunstancias.
Según datos de GAT, la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 casi 130.000 niños y niñas (el 5,38% de la población entre 0 y 6 años) necesitaron atención temprana.
