La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha adjudicado a la empresa Iberdrola el nuevo acuerdo marco para el suministro de electricidad de toda la Administración autonómica y sus entidades adheridas. El contrato entrará en vigor el 1 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2027.
El impacto económico de la adjudicación es significativo. El precio medio por kilovatio hora (kWh) ofertado por Iberdrola es un 23,5 % inferior al precio vigente actualmente, lo que se traduce en un ahorro estimado de 18,83 millones de euros (unos 12,55 millones anuales) para toda la Administración durante los 18 meses de vigencia del acuerdo. El importe de adjudicación asciende a 48,28 millones de euros para un consumo previsto de 457 GWh en los 2.428 puntos de suministro.
La gestión hospitalaria domina los principales puntos de consumo dentro de este acuerdo. Destaca el Hospital de Salamanca, cuyo consumo anual estimado de 30,4 GWh lo sitúa como el mayor consumidor eléctrico de la red cubierta por este acuerdo marco. Le siguen de cerca los hospitales de Valladolid (Río Hortega con 22,9 GWh y Clínico con 20,6 GWh) y León (17,8 GWh).
Entre las entidades adheridas se encuentran las universidades públicas de Castilla y León, los Ayuntamientos de León y Zamora, y la Diputación de Valladolid. Como novedad importante, el Centro de Supercomputación de León también se adhiere, con un consumo anual de 8,7 GWh. A este centro se le aplicará una tarifa singular para garantizar que su energía proceda de fuentes 100% renovables. Aproximadamente el 70% del consumo total corresponde a los centros propios de la Junta y el 30% restante a las entidades adheridas.
A la licitación se presentaron cuatro grandes suministradoras de electricidad, resultando la oferta de Iberdrola la más ventajosa económicamente, superando en un 25 por ciento el precio de licitación inicial.
La Consejería ha elegido el procedimiento de acuerdo marco con un único adjudicatario para buscar un precio más competitivo y cerrar todos los términos contractuales de antemano. Esta estrategia elimina la necesidad de segundas licitaciones, aportando agilidad a los centros de gasto y ofreciendo mayor certidumbre tanto al suministrador como a la Administración, al evitar que la volatilidad de los mercados energéticos se traslade a los contratos.
Todos los contratos derivados compartirán el mismo precio por kWh, el mismo tipo de tarifa y la misma fecha de conclusión (31 de agosto de 2027). Esta uniformidad ha garantizado una estabilidad para el gasto energético de la Administración en los próximos años, facilitando una adecuada planificación presupuestaria. Esta actuación, promovida por el Servicio de Racionalización de la Contratación y el Ente Regional de la Energía, se enmarca en las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por la Junta.
